RAINING TO PARADISE

Loada sea la duda! Os aconsejo que saludéis serenamente y con respeto a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa. Quisiera que fueseis avisados y no dierais vuestra palabra demasiado onfiadamente. Leed la historia. Ved a ejércitos invencibles en fuga enloquecida. Por todas partes se derrumban fortalezas indestructibles, y de aquella Armada innumerable al zarpar podían contarse las naves que volvieron. Así fue como un hombre ascendió un día a la cima inaccesible, y un barco logró llegar al confín del mar infinito. ¡Oh hermoso gesto de sacudir la cabeza ante la indiscutible verdad! ¡Oh valeroso médico que cura al enfermo ya desahuciado! Pero la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. ¡Cuánto esfuerzo hasta alcanzar el principio! ¡Cuántas víctimas costó! ¡Qué difícil fue ver que aquello era así y no de otra forma! Suspirando de alivio, un hombre lo escribió un día en el libro del saber.

Quizá siga escrito en él mucho tiempo y generación tras generación de él se alimenten juzgándolo eterna verdad. Quizá los sabios desprecien a quien no lo conozca. Pero puede ocurrir que surja una sospecha, que nuevas experiencias hagan conmoverse al principio. Que la duda se despierte. Y que, otro día, un hombre, gravemente, tache el principio del libro del saber. Instruido por impacientes maestros, el pobre oye que es éste el mejor de los mundos, y que la gotera del techo de su cuarto fue prevista por Dios en persona.

Verdaderamente, le es difícil dudar de este mundo. Bañado en sudor, se curva el hombre construyendo la casa en que no ha de vivir. Pero también suda a mares el hombre que construye su propia casa. Son los irreflexivos los que nunca dudan. Su digestión es espléndida, su juicio infalible. No creen en los hechos, sólo creen en sí mismos. Si llega el caso, son los hechos los que tienen que creer en ellos. Tienen ilimitada paciencia consigo mismos. Los argumentos los escuchan con oídos de espía. Frente a los irreflexivos, que nunca dudan, están los reflexivos, que nunca actúan. No dudan para llegar a la decisión, sino para eludir la decisión. Las cabezas sólo las utilizan para sacudirlas. Con aire grave advierten contra el agua a los pasajeros de naves hundiéndose. Bajo el hacha del asesino, se preguntan si acaso el asesino no es un hombre también. Tras observar, refunfuñando, que el asunto no está del todo claro, se van a la cama.

Su actividad consiste en vacilar.Su frase favorita es: «No está listo para sentencia.»  Por eso, si alabáis la duda, no alabéis, naturalmente, la duda que es desesperación. ¿De qué le sirve poder dudar a quien no puede decidirse? Puede actuar equivocadamente quien se contente con razones demasiado escasas,
pero quedará inactivo ante el peligro quien necesite demasiadas. Tú, que eres un dirigente, no olvides
que lo eres porque has dudado de los dirigentes. Permite, por lo tanto, a los dirigidos

dudar.

 

 Bertolt Brecht. Loa de la duda.

CUANDO EL CAPITALISMO TAMPOCO CAMBIÓ

Atención, pregunta. ¿En qué se parece el colapso de Fukushima y la quiebra del sistema financiero mundial? En que estas dos catástrofes eran imposibles. En que no podían suceder o siquiera existir, como los unicornios, los dragones o los concejales de urbanismo honrados. En que en ambos casos nos mintieron (¿en cuántos más no lo harán?). En que aquellos que ganaban con la ficción de la infinita seguridad de las infalibles centrales nucleares, o con la trola de la absoluta bondad de los mercados financieros completamente desregulados, convencieron a la sociedad de que sus teorías eran ciencia probada. En que les ayudaron carísimos “expertos” vendidos al mejor sueldo, y que hoy ni siquiera admiten sus errores. En que aquellos que cuestionaban estos dogmas eran tachados de locos, de trasnochados, de irracionales, de apocalípticos o de idiotas. En que los beneficios de esas mentiras fueron privados, pero sus pérdidas son públicas, y las vamos pagar entre todos durante años. En el caso de Japón, durante siglos.

Hay una viñeta de Tintín que describe muy bien qué ha sucedido en los mercados financieros durante los últimos años. Es uno de los gags de “Aterrizaje en la Luna”. Tintín avisa a la tripulación, que flota ingrávida, de que en pocos segundos el cohete entrará dentro del campo de gravedad de la Tierra. “Sujetaos a algo”, grita Tintín. Y los inefables detectives Hernández y Fernández obedecen. Hernández se agarra a Fernández. Fernández se aferra a Hernández. Y, cuando la gravedad regresa, ambos se van al suelo.

La explosión de la burbuja inmobiliaria ha recordado al mercado la manzana de Newton: que lo que sube tiene que bajar. “Hemos llevado al capitalismo a su perfección, hemos acabado con el riesgo”, presumía hace unos años un bróker de la City londinense. El invento, sobre el papel, parecía bueno. El riesgo también se puede vender, y sobre eso se desarrolló el capitalismo abstracto sobre el que se levantaba el castillo de naipes que ahora se ha desmoronado. Doy hipotecas a los que no las pueden pagar, al tiempo que emito un bono (con una rentabilidad menor que el tipo de interés que cobro al hipotecado) que me permita recuperar el dinero lo antes posible y así volverlo a prestar otra vez. Esos bonos de cobro dudoso, los de las hipotecas de los pobres, quedan en teoría compensados por otros más seguros, los de las hipotecas de la clase media. Se mezcla el chóped con el jamón y así el riesgo desaparece; la banca siempre gana y los pisos nunca bajan de precio. Con esa misma fórmula, repetida mil veces, el riesgo se coló en la máquina y ascendió más y más hasta el corazón de las finanzas. Por el camino, una serie de vigilantes privados a sueldo del vigilado (que alguien pruebe ese mismo método en las cárceles, a ver qué tal) certifican que el enfermo goza de buena salud. Todo va bien mientras gira el carrusel. Todo va bien hasta que vuelve la ley de la gravedad –los hipotecados dejan de pagar, primero los pobres pero después también la clase media– y la banca se estrella contra el suelo mientras se pregunta qué paso, si no había riesgo posible. Si AIG Hernández sujetaba a Lehman Brothers Fernández. Y viceversa.

En realidad, ni siquiera es un invento nuevo. Ya pasó otra vez hace poco más de 20 años, en el crash de 1987. En aquella ocasión, los bonos basura –que era como se llamaba a esos bonos de alto riesgo- fueron también una de las causas que llevaron a Wall Street a su lunes negro, el 19 de octubre de 1987: la mayor caída de la bolsa desde 1929. En aquel momento, igual que ahora, se habló de nuevos controles más estrictos para evitar los excesos del capitalismo abstracto. Entonces, igual que ahora, se decía que el mercado había aprendido la lección, que el crash serviría de vacuna para la siguiente fiebre. Es obvio decir que de poco valió.

El capitalismo no es malo, lo han dibujado así. Es el peor sistema económico posible, a excepción de todos los demás. Sí, el mercado libre es la fuerza más poderosa de la galaxia, la búsqueda egoísta de la rentabilidad mueve el mundo, para lo bueno y para lo malo. Pero su voracidad es tan grande que siempre encuentra el camino para sortear –o desmantelar, a través de esa subespecie del poder económico llamada poder político– las regulaciones con las que sus víctimas intentan defenderse de sus excesos. Cada dos o tres décadas, más o menos, el mercado se olvida de que también es mortal, el cielo financiero se desploma sobre nuestras cabezas y hay que ceder al chantaje y pagar con los impuestos los errores de los bancos porque la alternativa es aún peor. Cada dos o tres décadas, la intervención del Estado demuestra ser la única vacuna para salvar al capitalismo de su avaricia caníbal. Cada dos o tres décadas, el libre mercado recuerda, por las malas, que hasta los deportes más agresivos necesitan un árbitro. Y entonces todo cambia para que todo siga igual.

Hay quien dice que Fukushima va a marcar el principio del fin de la energía nuclear en el mundo; que no habrá una cuarta oportunidad para una tecnología que antes falló en Three Mile Island y en Chernóbil. Les recomiendo que busquen en la hemeroteca lo que se publicó en 2008 a cuenta de la quiebra de Lehman Brothers y el hundimiento de las catedrales de Wall Street, una estafa global de la que aún no nos hemos recuperado y que no sólo ha quedado impune, sino que ni siquiera se han tomado las medidas necesarias para que no vuelva a suceder. ¿Es porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra? No sólo: es porque hay piedras que son de lo más rentables (para algunos).



14 DE ABRIL. 80 AÑOSINREPUBLIKA!!!

EL TIEMPO DE LOS DERECHOS

JOSEP FONTANA

HISTORIADOR

La actuación del primer Gobierno de la Segunda República española, presidido por un terrateniente católico e integrado por ocho liberales moderados y tres socialistas, se encaminó desde el primer momento a asegurar el desarrollo constitucional y a adoptar medidas de emergencia para paliar los efectos de una crisis económica agravada por la inepta política de la dictadura del general Primo de Rivera. Un Gobierno de predominio liberal no dudó entonces en publicar medidas de intervención, como las leyes de términos municipales, de laboreo forzoso, de prórroga de arrendamientos y de asentamientos colectivos, o la implantación de la jornada de ocho horas para los jornaleros.

Como dijo Azaña, “la obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal”, pero en las cuestiones económicas, por muy liberal que se fuese, era necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en unos momentos de paro y de conflicto, en especial en la agricultura. “Con socialistas ni sin socialistas ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República”.

Pero los cambios que permitieron mejorar la condición de la población trabajadora procedieron menos de las leyes mismas –la de reforma agraria, por ejemplo, promulgada en septiembre de 1932, llegó a 1936 sin resultados significativos, puesto que, como dijo Camilo Berneri, “se aplicó en dosis homeopáticas”– que de un cambio de apariencia nada espectacular, pero de consecuencias trascendentes, en las reglas del juego social.

La derecha recortó salarios y persiguió a sindicalistas en 1933 al volver al poder

En el campo, por ejemplo, se acabó con la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios, con la colaboración de los funcionarios, de la Guardia Civil y de los jueces, desvirtuar o neutralizar las leyes reformistas que se publicaban en los años de la monarquía (que haberlas las hubo, aunque sus consecuencias fuesen escasas). Al comienzo, los propietarios vieron la llegada del nuevo régimen con tranquilidad, puesto que estaban acostumbrados a que cambiasen los gobiernos en Madrid, mientras seguían controlando su entorno local. Comenzaron a alarmarse cuando vieron que los campesinos se organizaban para reivindicar sus derechos sin que la Guardia Civil se lo impidiera, como en el pasado; fue así como los jornaleros pudieron mejorar sus salarios y sus condiciones de vida.

Que esa política fuese acertada lo demostró que sirviera para evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles de estos años muestran descensos moderados o estabilidad. La renta nacional creció y las mejoras salariales, consecuencia de la libertad de acción sindical, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura internacional. Nada hubo en España que se pareciera al desastre de la gran recesión en Estados Unidos o en Alemania. Cuál fue la actitud de las derechas españolas hacia estos cambios lo muestra todavía un libro publicado en 1998 –e insisto en la fecha para que no se crea que se trata de un panfleto de la Guerra Civil– en el que cuando se enumeran las razones que movieron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, se nos da esta descripción de los horrores de la República: “Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado...”. O sea, el bolchevismo.

Por eso, cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros. Eso sucedió en Andalucía, en Cuenca –donde los trabajadores de Barajas de Melo se lamentaban de que “cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república”–, en Ciudad Real –donde los de Solana del Pino aseguraban que “para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros”–, en Toledo, donde, según explica Arturo Barea, a fines de 1933 los propietarios comenzaban a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato “y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes”.

La izquierda aceptó su derrota en las urnas en el 33; la derecha no lo hizo en el 36

Otra muestra del cambio profundo que introdujo la conjunción republicano-socialista en la política española la tenemos en la práctica del sistema electoral. Las elecciones de 1933 fueron, en 120 años de historia parlamentaria española, las primeras que perdió un Gobierno que las hubiera convocado. Este aceptó su derrota y cedió el poder a la oposición de derechas. Cuando esto sucedió por segunda vez, en febrero de 1936, las derechas se dispusieron a recuperar el poder por la fuerza, volviendo a una tradición histórica en que las elecciones no eran más que una farsa.

Nadie ha expresado mejor que Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, lo que vino a significar, como una profunda ruptura en la historia española, la actuación del Gobierno provisional de 1931: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.

ANDREU MAYAYO I ARTAL

CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la coalición Esquerra Catalana, formada por la recién creada Esquerra Republicana de Catalunya y la Unió Socialista de Catalunya, conseguía, contra pronóstico, la victoria en la ciudad de Barcelona con un tercio de los votos y la mitad de los concejales duplicando a la Conjunción Republicano-Socialista y la conservadora Lliga Regionalista de Francesc Cambó.

Al mediodía del martes 14 de abril, el concejal electo Lluís Companys proclamaba la República desde el balcón del Ayuntamiento. Un par de horas más tarde, desde el balcón del Palacio de la Diputación (actual Palau de la Generalitat), Francesc Macià proclamaba la República catalana como Estado integrado en la Federación Ibérica.

La proclamación del excoronel del Ejército español y líder de ERC cabe interpretarla más en clave española que separatista, puesto que reconoce la autoridad de Niceto Alcalá Zamora (eso sí, lo convierte de facto en presidente de la República federal) y aboga por la fraternidad con los otros pueblos hermanos de España. De acuerdo con la interpretación del Pacto de San Sebastián, Macià sitúa la República catalana dentro de una República federal. No obstante, el famoso pacto, firmado el 17 de agosto del año anterior entre las diversas corrientes republicanas, con la presencia del PSOE, reconoce la personalidad política propia y el derecho al autogobierno de Catalunya, pero sin más especificaciones.

Así pues, nada más proclamarse la República se produce el primer encontronazo sobre la naturaleza del nuevo régimen: federalista para el republicanismo catalanista, autonomista para la mayoría de los republicanos españoles. Tres días más tarde tiene lugar la negociación entre Macià y los representantes del Gobierno provisional, los catalanes Marcel•lí Domingo y Lluís Nicolau d’Olwer y el socialista Fernando de los Ríos. Macià accede a envainarse la República catalana a cambio del reconocimiento del autogobierno catalán, con el nombre histórico de la Generalitat, y redactar un Estatuto de autonomía para someterlo a la aprobación de las Cortes españolas.

Macià aparcó la República catalana a cambio del autogobierno

Josep Tarradellas, con posterioridad, explicaría la decepción de Macià no tanto por este ejercicio de realismo político sino por el conformismo de los catalanes. Como afirma el historiador Àngel Duarte: “La ciudadanía estaba encantada [de] que Macià hubiese proclamado la República catalana, pero mucho más [de] que hubiera renunciado con tal de consolidar un proyecto común de democracia republicana para todos los pueblos de España”.

La ponencia, reunida en Núria, concluyó la redacción del proyecto de Estatuto el 20 de junio. La Diputación Provisional de la Generalitat lo aprobó, al son de La Marsellesa, el 14 de julio y lo sometió a un doble plebiscito el 2 de agosto. Por una parte, la totalidad de los ayuntamientos (salvo cinco que no enviaron las actas) apoyaron el texto y, por la otra, el escrutinio popular fue contundente: de un censo de 792.574, 595.205 votaron a favor y sólo 3.286 en contra. Las mujeres que no tenían derecho al voto consiguieron en Barcelona 146.644 firmas favorables al Estatuto y 235.467 en el resto de Catalunya.

El PSOE, desde las páginas de El Socialista, recelará de tanta unanimidad y cuestionará la pulcritud y, por consiguiente, la validez del plebiscito. Una posición compartida por la mayoría de republicanos y que presagiaba la derrota de la concepción federal sustentada por el llamado Estatuto de Núria. Finalmente, la Constitución republicana se definía, en su artículo primero, como un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones. En este sentido, los constituyentes abrieron la puerta a la descentralización (generalizable y no sólo para Catalunya) al mismo tiempo que la cerraban al federalismo, un aspecto que fue de los pocos que no se incorporó de la Constitución de Weimar que sirvió de modelo a la española.

El 6 de mayo de 1932 empezó la discusión del Estatuto catalán en las Cortes y, a pesar de que una comisión se había encargado de adaptar el nuevo texto a la realidad constitucional española (el Estado autónomo se había convertido en región autónoma), el debate levantó ampollas jaleado por las posiciones intransigentes aireadas por determinados ayuntamientos castellanos, colegios profesionales, asociaciones de todo tipo y la mayoría de la prensa.

La Constitución republicana abrió la descentralización y cerró el federalismo

A la sanjurjada le salió el tiro por la culata y supuso un espaldarazo al Estatuto catalán que, convenientemente reformado, fue aprobado por las Cortes el 9 de septiembre de 1932 por 334 votos a favor y sólo 24 en contra. Azaña fue recibido como un héroe y en olor de multitudes en Barcelona. Meses más tarde, Macià obligaba a Companys a dejar la presidencia del nuevo Parlamento catalán y asumir la cartera de Marina en un claro y nítido apoyo al Gobierno republicano de izquierdas.

La insurrección del 6 de octubre de 1934, una vez más en clave española, supuso la suspensión del Estatuto, que se prolongó hasta la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. En esta primavera frentepopulista se iniciaron los trámites para acceder a la autonomía en Euskadi y Galicia. El 5 de abril de 1938, nada más pisar tierras catalanas, el Generalísimo Franco derogó el Estatuto en “mala hora concedido”.

La experiencia republicana influyó en la transición a la democracia tras la muerte del dictador. En primer lugar, para subrayar el carácter plurinacional de España se incorporó el concepto de “nacionalidades y regiones” (luego plasmado en la Constitución de 1978) en los acuerdos entre las diversas plataformas de la oposición democrática. En segundo lugar, se empezó primero por la Constitución para luego acoplar los proyectos de estatutos. Asimismo, se creyó oportuno someter a referéndum popular, no el proyecto inicial, sino el texto aprobado por las Cortes para evitar frustraciones innecesarias. Lo que nadie podía imaginar entonces es que el Tribunal Constitucional pudiera enmendar la página a un texto estatutario refrendado por el pueblo.

Coda final: hasta el presente, a diferencia del nacionalismo vasco, los proyectos políticos mayoritarios del catalanismo político (los diferentes estatutos) han sido en clave española y no separatista. Quizás para los españoles sea más incómodo cambiar su concepción de España, para que todo el mundo encuentre acomodo, que lidiar con el separatismo con la capa del mal llamado bloque constitucional y el estoque del poder judicial.

MARY NASH

CATEDRÁTICA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Desde la proclamación de la Segunda República, el Gobierno reformista republicano socialista dictaminó un amplio conjunto de leyes que amparaba los derechos políticos y civiles de las mujeres y su incorporación en la vida política. En 1931, la Constitución abrió una etapa singular en la historia de España al establecer el sufragio universal y el principio de igualdad de género. Las españolas se convirtieron entonces en ciudadanas de pleno derecho con la conquista del voto y de los derechos igualitarios establecidos. Frente a la figura subalterna femenina regulada en las leyes anteriores, el nuevo régimen democrático republicano inauguró un decisivo proceso de reconocimiento de la ciudadanía femenina y de desmantelamiento de la discriminación legal vigente hasta entonces.

Aunque se asentaba en la tradición política liberal del igualitarismo, el voto femenino había despertado una oposición implacable en muchos países, ya que cuestionaba el monopolio masculino del espacio político público. Desde principios del siglo XX, el feminismo español había promovido los derechos sociales y civiles y su agenda se centraba en mejoras educativas y laborales. Para mediados de la década de 1920, emergió un feminismo más claramente igualitario y sufragista impulsado por diferentes figuras y asociaciones de mujeres. En 1921 ya se había organizado una de las primeras manifestaciones públicas sufragistas en Madrid, cerca de las Cortes, reclamando la igualdad de ambos sexos en derechos civiles y políticos.

El Seguro de Maternidad fijó la atención sanitaria, descanso y subsidios

Es en este marco en el que hay que situar a la activista feminista y abogada Clara Campoamor, que encabezó la defensa del sufragio femenino en el debate parlamentario en las Cortes Constituyentes. Para esta diputada del Partido Radical, los principios democráticos debían garantizar la aplicación de la igualdad y la eliminación de cualquier discriminación de sexo en la nueva Constitución democrática. Consideraba la libertad y la igualdad como los principios fundamentales para el ejercicio de los derechos políticos y convirtió la ciudadanía sin restricciones en la piedra angular de la joven democracia española. Su fuerza argumental radicaba en su clara denuncia de la inviabilidad de cualquier régimen democrático que dispensara un trato político diferencial a las mujeres. En el caso de no admitirse la igualdad de derechos políticos, advirtió de que la Segunda República se descalificaría a sí misma como régimen democrático, quedando desenmascarada su voluntad de proteger “una República aristocrática de privilegio masculino”. No le valían ni los argumentos de conveniencia política ni las dudas sobre el supuesto comportamiento electoral conservador de las españolas expresados por Victoria Kent, la diputada del Partido Radical Socialista. Tampoco le parecieron legítimos los embistes misóginos de algunos diputados fundamentados en un discurso trasnochado de esencialismo biológico que afirmaba la inferior capacidad de las mujeres y su supuesta naturaleza “histérica” incompatible con el ejercicio de la ciudadanía.

El principio de igualdad quedó consagrado en la Constitución y el proceso democratizador en clave de género encarnó un esfuerzo específico de desarrollar una cultura igualitaria. Esta voluntad se reflejó en las numerosas reformas legales en los ámbitos de la maternidad, la familia, el trabajo y la educación que consolidaron los derechos de las mujeres. En el ámbito laboral, se efectuó un desarrollo decisivo en los derechos sociales con la legislación de protección a la maternidad, que incluso anticipaba en su contenido futuros convenios de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre 1931 y 1935 se afiliaron 741.771 trabajadoras al Seguro Obligatorio de Maternidad que introdujo un servicio estatal eficiente de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras. La misma Constitución inscribió el principio de la igualdad de trato en el ámbito laboral. Asimismo, las trabajadoras quedaron incluidas en las medidas de seguridad social que regulaban las pensiones, accidentes y desempleo con la excepción de las trabajadoras domésticas. Inspirada en el principio del derecho de todas las mujeres al trabajo remunerado, la legislación supuso una ruptura con las leyes y prácticas sociales anteriores que dificultaban el continuo acceso de las casadas al mercado laboral. Inscribió la voluntad de alcanzar una situación de equidad de derechos, aunque la conjunción entre un ideario igualitarista y una voluntad proteccionista de signo paternalista conllevó un choque entre las normativas establecidas.

El matrimonio civil e igualitario fue la base del nuevo modelo de familia

La Constitución puso la familia bajo la salvaguardia del Estado. Precisamente en este marco tradicionalmente tan discriminatorio hacia la mujer, los legisladores republicanos hicieron un gran esfuerzo por reforzar los derechos de las mujeres, en especial de las casadas. Al declarar que “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos”, la Constitución introducía el nuevo principio de la igualdad en la familia. Frente a la anterior sumisión obligada de la mujer casada a la tutela y autoridad masculina, el matrimonio civil, laico e igualitario era la base del nuevo modelo de familia que eliminaba la desigualdad de trato. Los enunciados igualitarios implicaron una necesaria acomodación del arcaico modelo tradicional de familia pero no eliminaron de golpe la mentalidad arraigada respecto a la supremacía masculina en la familia.

En respuesta a una reiterada demanda de las asociaciones de mujeres, se reguló la igualdad de trato entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y se otorgó el derecho a la investigación de la paternidad. La Ley del Divorcio de 1932 fue otra medida significativa y una de las más avanzadas en su época al admitir la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo y asentarse en el principio de la igualdad entre los cónyuges. A pesar del imaginario colectivo de la denodada resistencia femenina hacia el divorcio por temor a perder su estatus social o sustento económico, los estudios realizados han demostrado que una amplia mayoría de mujeres separadas tramitó la demanda del divorcio.

La Segunda República aportó notables adelantos en una cultura democrática igualitaria. Asentó los derechos de las nuevas ciudadanas aunque el escaso tiempo de su vigencia no fue suficiente para transformar la cultura de género y la pervivencia de una mentalidad tradicional en torno al rol de las mujeres y su desigualdad.

La tierra para quien la trabaja

RICARDO ROBLEDO

CATEDRÁTICO DE HISTORIA ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Cuando todavía la República suscitaba unanimidades y hasta el conde de Romanones (cuyas propiedades sumaban más de 15.000 hectáreas) pedía “soluciones rápidas y efectivas” para resolver el problema agrario, el Gobierno provisional declaraba en mayo de 1931 su decisión de acometer una reforma agraria integral que facilitara la transformación social, política e industrial de España y la “posibilidad de una democracia aldeana”. Teniendo en cuenta la crisis internacional y la escasa capacidad de la industria española para absorber mano de obra, cuesta encontrar otro modelo económico alternativo de este alcance que incluyera, además, la aspiración de consolidar la democracia recién estrenada. Conviene recordar que la población activa agraria en 1930 era cerca de la mitad de la población activa total (hoy es del 4 %) y que un tercio de la población agraria de las provincias latifundistas estaba expuesto sistemáticamente al paro forzoso sin la cobertura del Estado del bienestar, es decir, expuesto a “jornales de hambre”.

Si en los años treinta era costoso abordar medidas favorables a los campesinos, más lo era en un país cuyos dirigentes solían actuar como si los problemas sociales fueran asuntos de orden público. Valgan como ejemplos que Silvela dijera en 1902 que el máuser era la prueba de la existencia de Dios o que Royo Villanova replicara a los católicos sociales en 1935 que las revoluciones no se evitaban con reformas sino con “justicia estricta y Guardia Civil”. Cuando al final se aprobó la ley en septiembre de 1932 tras diversos avatares –el más determinante fue la sublevación de Sanjurjo del mes anterior–, se había desvanecido buena parte de las aspiraciones de los campesinos. Más aún, cuando ese golpe de Estado de agosto de 1932 impulsó los ánimos para que la Ley Agraria fuera enarbolada como “una obra de defensa de la República”, los resultados fueron mediocres. Conviene rescatar aquel fragmento del discurso de Azaña al defender su propuesta de expropiación de tierra a los conjurados en el golpe: “Porque no nos engañemos: o nosotros los republicanos tomamos todas aquellas medidas que conduzcan al desarme de las cabilas monárquicas o son las cabilas monárquicas que se alzan contra nosotros las que con nosotros acaban”. Sin duda no se tomaron todas las medidas, pues del más de medio millón de hectáreas que detentaban los grandes de España, sólo se expropió un 16% y al final se cumpliría la profecía de Azaña.

Sólo se expropió el 16% del medio millón de hectáreas de los grandes de España

Esta visión negativa de la reforma debe matizarse en varios aspectos. Primero, aunque no se expropiara la propiedad de los terratenientes, esta se desvalorizó al figurar en el Inventario de Fincas Expropiables; el acceso al crédito se hizo más difícil. En segundo lugar, los decretos republicanos concedieron derechos a los colonos que permitieron rebajas sustanciales de los arrendamientos: ahora sí se produjo la derrota del rentista. En tercer lugar, hubo instrumentos más flexibles para favorecer el acceso a la tierra temporalmente como lo fueron los decretos de intensificación de cultivos. En cuarto lugar, los decretos sobre el mercado de trabajo crearon un marco institucional que daba cauce a negociaciones hasta entonces dictadas por la ley del más fuerte, y cuanto más y mejor funcionara ese marco, más se iba a consolidar el poder de las organizaciones obreras. Muchas de las tensiones sociales de la República se dieron por la resistencia a aceptar un nuevo orden de cosas; el ascenso del sindicato socialista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) y el incumplimiento de las bases de trabajo indican las caras del conflicto.

Lograr algún avance más resultó imposible, por ejemplo recuperar los bienes comunales de los pueblos o la aprobación de una ley de arrendamientos que consolidara los derechos de los colonos: si plantear cambios en la estructura de la propiedad era mover los cimientos de la sociedad, hacerlo sobre el régimen de explotación fue visto como si el edificio social se hundiera; es lo que pasó en Catalunya con la Ley de Contratos de Cultivo. Con el triunfo de las derechas, sobre todo mediado el año 1934, lo que se produjo fueron “demasiados retrocesos”, que son las dos palabras con las que Ramón Carande sintetizaba la historia de España. De ello da fe la Ley de Contrarreforma Agraria aprobada en julio de 1935 que, sin embargo, incluyó una cláusula de utilidad social que permitía la expropiación y es la que utilizarían los gobernantes del Frente Popular para llevar a cabo una reforma rápida.

La derrota del rentista llegó con las rebajas de los arrendamientos para los colonos

Las nuevas autoridades acabaron con el surrealismo de un Instituto de Reforma Agraria (IRA) en el que estaban presentes la gran patronal agraria o representantes de grupos profesionales que eran enemigos de la reforma. Esto obligó a dotar al IRA de una dimensión “ejecutiva y técnica” para agilizar los asentamientos. Así, cuando en marzo del 36, con el protagonismo de la iniciativa popular y sindical (FNTT), cerca de 40.000 yunteros invadieron las fincas en Badajoz, se legitimaron las invasiones enviando, en vez de guardias civiles, ingenieros que establecían los planes de aplicación y proporcionaban abonos. En poco más de cuatro meses se entregó cinco o seis veces más tierra que en los tres años anteriores. Pero, salvo alguna excepción, el gran propietario español tenía en julio de 1936 las mismas hectáreas que en abril de 1931, pues los asentamientos del IRA reconocían la propiedad del dueño, a quien se pagaba una renta por la tierra ocupada.

Con la llegada de la Guerra Civil se produjo el abandono del campo por parte de los propietarios; la expropiación se impuso por ley natural y por necesidad de la economía de guerra. Era preciso, además, castigar económicamente a los “sublevados y financiadores de la rebelión”, como se decía en el decreto de Uribe de octubre de 1936. Cerca de siete millones de hectáreas fueron, ahora sí, expropiadas en la España republicana hasta agosto de 1938 para favorecer no sólo al trabajador sino al pequeño propietario. “La propiedad del pequeño campesino es sagrada y al que ataca o atenta a esta propiedad o a este trabajo tenemos que considerarlo como adversario del régimen”, proclamaba el comunista Uribe. Con la perspectiva actual pocas dudas caben de la coherencia de esta política frente a la de sus detractores, que reivindicaban la revolución en el campo en 1937 y que acabarían apoyando en marzo de 1939 el golpe del coronel Casado contra Negrín y los comunistas. Las “cabilas monárquicas”, a las que se había referido Azaña, junto con cabilas de diverso tipo, habían acabado con la República.

OSÉ LUIS LEDESMA

HISTORIADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Era también abril, como el que recibiera en 1931 a la República. Pero ahora, en 1939, el primer día de ese mes significaba el último de la Guerra Civil y del propio régimen republicano. Tres días después, una carta dirigida al Generalísimo se felicitaba por presenciar “esta hora de triunfo”. La firmaba el cardenal primado de España, Isidro Gomá, el mismo que presidía semanas más tarde la magna celebración religiosa del desfile de la Victoria en Madrid. Quizá nada simbolice mejor aquellos años que esa ceremonia, en la que Franco ofrecía a Gomá la “espada de la Victoria” y salía del templo bajo palio. Era el pacto de sangre entre el Ejército y la Iglesia, entre la espada y la cruz, entre quienes se sintieron víctimas de la República y más hicieron por derribarla.

Por un lado, el Ejército. Tradicionalmente monárquico, tenía la fuerza de las armas y una inveterada tradición pretoriana le inclinaba a irrumpir con ellas en política. Ante lo que era entonces una burocracia inflada de oficiales y apta para reprimir la disidencia interna, pero obsoleta para la guerra moderna, los gobiernos del primer bienio afrontaron su modernización. La reforma militar de Azaña pretendía crear un Ejército mejor pertrechado y organizado, alejado de la política y respetuoso con la legalidad. Pero algunas de las medidas parecieron en los cuarteles un intento de triturar al estamento militar, y pronto hubo ruido de sables.

En verdad, el Ejército no hablaba a una sola voz. Las sensibilidades eran diferentes en sus distintos estratos, o entre africanistas y peninsulares, y la fractura que se mostró en julio de 1936 revela que algo estaba cambiando. Hubo además algunos errores, como que algunas medidas de Azaña eran discutibles y nutrieron victimismos en el Ejército, o subestimar el descontento existente en su seno, y no conviene soslayar que brotaron también insurrecciones desde la izquierda y que el Ejército las abortó en nombre de la República.

Los cuarteles se hicieron viveros de oposición a las reformas

Pero eso no cambia lo fundamental. Los cuarteles se hicieron viveros de oposición a las reformas, a los gobiernos y luego a la propia República. La gestión militar del orden público convirtió en sangrientas no pocas movilizaciones populares y segó más vidas que cualquier otro actor político o social. La brutal represión que ejercieron las tropas en octubre de 1934 prefiguró el trato que darían a los rojos dos años después. La defensa corporativa frente a la reforma y los peligros que creyeron ver para sus valores de orden, patria y disciplina reactivaron en muchos militares su añeja cultura pretoriana; y, en el caso de generales como Franco y Mola, se añadían agravios personales y sueños de grandeza. Tan pronto como en agosto de 1932, los sables salían a la calle en el frustrado golpe de Sanjurjo. Cuatro veranos después, estallaba un segundo putsch militar con muchos más apoyos y organización que precipitó a la República al abismo de una guerra civil.

En un abismo, o en el “vórtice de la tormenta”, creyó haber caído la Iglesia católica con la República, como escribía Gomá al día siguiente de su proclamación. También aquí conviene desterrar tópicos. La Iglesia no sufrió desde el primer día una persecución sistemática, primer acto de un deliberado plan de exterminio que condujera a la feroz violencia anticlerical de 1936. Lo que hubo fue el proyecto de avanzar en un terreno, la separación Iglesia-Estado y la secularización, en el que se iba muy por detrás de otros países católicos como Francia, Italia o Portugal. A partir de ahí, aparecen dos grandes actuaciones que no cabe meter en el mismo saco: desde arriba, las políticas laicistas a golpe de leyes, decretos y artículos de la Constitución de 1931; desde abajo, movilizaciones y agresiones anticlericales, que se tiñeron de sangre en octubre del 34.

Latía una cultura anticlerical que veía a la Iglesia como enemigo del progreso

En todo ello, la hoja de servicios republicana no quedó exenta de claroscuros. El anticlericalismo popular no fue ajeno a las bases y cuadros locales de partidos y sindicatos de izquierda, y sus gobernantes pecaron de falta de energía para frenarlo. Por su parte, la legislación laicista resultó más radical que la que abordaba otros terrenos y reformas, y rayaba en lo sectario cuando ilegalizaba a la Compañía de Jesús o limitaba las manifestaciones públicas de culto. Tras todo ello, había una infravaloración de los apoyos y capacidad de respuesta de la Iglesia. Pero, determinando las opciones y estrategias, había algo más: en el fondo, latía una cultura política anticlerical muy enraizada que definía a las formaciones republicanas y obreras desde el siglo XIX, y que traducía la oposición de la Iglesia a todo avance político y social, convirtiéndola en el enemigo del progreso por antonomasia.

De hecho, la reactivación de esa cultura anticlerical tuvo mucho que ver con las actitudes y hostilidad de la propia Iglesia. Esta no se hizo esperar. Sólo dos semanas después de nacida la República, y antes de las quemas de conventos, el cardenal Segura, entonces cabeza de la Iglesia española, publicaba una pastoral devastadora para el nuevo régimen. Segura fue expulsado del país, pero en el episcopado siguió campeando una línea integrista que no transigía con la menor merma en los privilegios de la Iglesia y que en 1936 acabó arrollando a las posturas posibilistas. Se trataba de intentar recristianizar España, y para eso valía la movilización política de los católicos, pero también enfrentarse a los poderes civiles y, llegada la guerra, sancionar nada menos que una Cruzada.

Tanto en ese frente como en el militar, los republicanos cometieron errores y, paradójicamente, sacralizaron los principios que debían guiar a su República. Pero su actuación respondía a un proyecto de democratización social y política, una de cuyas claves de bóveda era la primacía del poder civil sobre el militar y eclesiástico. Ochenta años después, podemos juzgar si, ante tan graves cuestiones, había que encararlas a cara de perro o contemporizar con reformas pausadas. Pero tal vez esa disyuntiva no existía con tanta claridad en aquel tiempo de derrumbe de las democracias europeas, descrédito de las vías parlamentarias, culturas del enfrentamiento y lenguajes revestidos del principio de lo absoluto. Quizá por eso aquellos años suscitan todavía tanto interés: porque es un tiempo tan cercano, pero a la vez tan distinto y lejano. Claro que también podríamos preguntarnos si no siguen pendientes hoy algunos retos de aquel proyecto democratizador; por ejemplo, sin ir más lejos, sobre el sentido y papel de los ejércitos y la Iglesia actuales.

LUIS GARCÍA MONTERO

POETA

El abrazo entre la cultura y la sociedad es en el pensamiento republicano una consecuencia del contrato pedagógico. La Ilustración elevó la metáfora del contrato social para defender una convivencia organizada por los ciudadanos, dueños de sus destinos y emancipados de cualquier concepción sacralizada del poder. La metáfora del contrato social exigió la puesta en marcha de un contrato pedagógico. Sólo los individuos educados como ciudadanos libres, capaces de hacer uso público de su razón, podían firmar un contrato social justo. El progreso científico y técnico debía ser, además, inseparable del progreso ético. Pese a los buenos intentos de Jovellanos, condensados en su Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias, la Ilustración insuficiente española naufragó en una educación minoritaria, cortesana y clerical.

Desde entonces las ilusiones de la reforma pedagógica fueron el corazón del pensamiento progresista español. Lo tuvo muy claro Francisco Giner de los Ríos. Después del fracaso de la Primera República, junto a un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad, fundó en 1876 la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Se trataba de educar a las élites juveniles capaces de modernizar el país. La austeridad y el rigor profesional comportaban también un sentido político. Es famosa la respuesta de Giner cuando el rey Alfonso XIII quiso visitar la ILE: “La Institución tiene dos puertas, y cuando su majestad nos haga el honor de llamar a una de ellas, yo saldré por la otra”. Como era lógico, en el propio corazón del institucionismo surgió la necesidad democratizadora de considerar la educación como un derecho universal. Empezó entonces a defenderse la idea de una escuela única

La República apostaba por una enseñanza laica y pública

El joven Ortega y Gasset de 1910, en su conferencia La pedagogía social como programa político, se preocupaba porque las organizaciones obreras no habían comprendido la importancia que tenía para sus reivindicaciones una escuela única, es decir, pública, obligatoria, igual para todos, neutra, al margen de los credos o de las posibilidades económicas de los alumnos. Así se tituló el libro publicado en 1931 por Lorenzo Luzuriaga: La escuela única. Discípulo de Manuel Bartolomé Cossío y de Ortega, fundador de la Revista de Pedagogía y redactor de muchos de los documentos sobre educación del PSOE, Luzuriaga fue el pedagogo más significativo de la Segunda República. Como había ocurrido con Julián Besteiro y con Fernando de los Ríos, la tradición institucionista se acercó también en la enseñanza al movimiento obrero.

No es extraño que Manuel Azaña se convirtiese en un político imprescindible para la Segunda República gracias a un debate parlamentario relacionado con la pedagogía. En su discurso del 13 de octubre de 1931 sobre la cuestión religiosa, logró un punto de acuerdo entre la derecha republicana, los socialistas y los radical/socialistas. Se paralizaba la disolución de las órdenes religiosas a cambio de mantenerlas apartadas de una educación laica y democrática. La disolución de la Compañía de Jesús no se debía a su carácter religioso, sino a su no reconocimiento de las leyes españolas, ya que se sometía a la autoridad del Vaticano. La postura más firme del discurso de Azaña tuvo que ver con la política educativa: “En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República”.

Educar no es lo mismo que generar creyentes, patriotas o empleados precarios

No se refería Azaña a la colaboración de la Iglesia en un posible golpe de Estado, asunto que aún carecía del protagonismo político alcanzado posteriormente. Se limitaba a señalar, en un discurso que quería ser equilibrado para permitir el acuerdo de todos los republicanos, que una democracia es imposible sin una educación democrática, y que la educación en libertad tiene poco que ver con la libertad de las órdenes religiosas para fundar colegios. La voluntad republicana apostaba por una enseñanza laica, pública y sin discriminaciones. Ese era el espíritu del decreto que se había promulgado el 29 de mayo de 1931 para crear el Patronato de Misiones Pedagógicas. El Estado mostraba su deseo de fomentar la cultura, orientar una nueva pedagogía y llevar su amparo a los pueblos más retrasados de España. Podemos calcular la importancia que la Segunda República dio a la educación si pensamos que en 1937, envuelto en la crisis y en la guerra, el Gobierno destinó 20 millones de pesetas para los gastos escolares de la zona leal, más del doble de lo que había invertido el último Gobierno monárquico en las escuelas de toda España. La educación se identificó tanto con el pensamiento republicano que el magisterio fue uno de los ámbitos de más crueldad en la represión de los vencedores.

De nada sirve mirar al buen pasado, si no convertimos su ejemplo en energía cívica para analizar el presente. Creo que sólo con un nuevo coraje democrático podemos plantearnos el problema de la educación en la actualidad, ese contrato pedagógico que necesita el nuevo contrato social, propio de un mundo en el que la economía ha desbordado las viejas fronteras nacionales. Educar ciudadanos no es lo mismo que generar promociones de creyentes, patriotas, consumidores o futuros empleados en precario. La libertad cívica tiene una dimensión social, la defensa del marco público de las reglas y los valores que conforman una comunidad. El pensamiento republicano no puede confundir la libertad para crear centros privados con una educación en libertad.

Ya que no nos atrevemos a disolver los centros educativos que trabajan en nombre de su fe particular o de los privilegios económicos, resulta imprescindible para la supervivencia democrática la defensa de una educación pública de calidad. Un pacto educativo no es el que hacen dos partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en los programas. El verdadero pacto es el que firma una sociedad consigo misma para dignificar su educación pública. Pero hay más. Si pensamos que ahora la socialización de los niños no se produce en las escuelas, sino ante una pantalla de televisor, deberemos ampliar mucho el significado de un posible pacto educativo. Cuestionar hoy por motivos cívicos una cadena privada de televisión parece más complicado que la disolución en 1931 de la Compañía de Jesús.

BSO. POLÍGONO SUR. EL ARTE DE LAS 3.000.

QUINIENTOS AÑOS DE USURA

ANDRÉS VILLENA

En la segunda mitad del siglo XVI no existía todavía la Fundación Fedea, pero eran muchos los expertos que enviaban por cuenta propia memorandos al rey con las soluciones a la crisis en la que se encontraba el imperio español. Era el caso de los arbitristas, suerte de aspirantes a sabios o gurús que, con el avance de la recesión, acabaron reducidos al nivel de tertulianos: sin la necesidad de la TDT, se multiplicaban al ritmo de la subida de los precios, uno de los problemas más graves para la potencia, según documenta en su memorable Carlos V y sus banqueros el historiador español Ramón Carande.

Administrar un imperio en el que no se ponía el sol no era una tarea fácil y Carlos V pudo pronto comprobar cómo los ingentes ingresos de la Corona eran insuficientes para reducir el déficit estatal. Faltaba mucho dinero: a pesar de las enormes cantidades de metales preciosos traídos de las Indias y al carecer de un banco central o público, el monarca tuvo que acudir a la banca privada internacional. No era mala época para ello: el crédito estaba muy barato, lo que llevó a una enorme expansión financiera, con la creación de instrumentos a los que los estados recurrían para seguir adelante con sus empresas. Estas consistían, sobre todo, en guerras que constituían una especie de inversión al representar un primer paso para un ulterior desarrollo económico. Una forma de crecimiento siempre orientado al futuro, bastante desligado del bienestar de los habitantes del imperio.

La presión de los acreedores –banqueros alemanes como los Fugger y los Welser, además de conocidos financieros genoveses– se hizo furiosa, ya que la solvencia española no sacaba precisamente pecho: Felipe II heredó de su padre una deuda de 20 millones de ducados y la había multiplicado por cinco al cabo de su reinado. Al tener la necesidad de seguir huyendo hacia adelante, la Corona tuvo que suspender pagos en 1557, 1560 y, posteriormente, en 1575. Las bancarrotas echaron atrás a muchos prestamistas y los tipos de interés se dispararon hasta el 70%. La confianza estaba de capa caída: los españoles no pertenecíamos aún a los PIGS, pero fueron muchos los ataques contra la deuda pública, emitida al mercado en unos títulos denominados juros, que acababan sometidos a todo tipo de operaciones especulativas. Por entonces no existían los hedge funds, los CDS ni las agencias de rating, pero la tecnología existente sobraba como para que, como afirma Carande en su amplio estudio, el mundo de las finanzas internacionales conociera su apogeo al mismo tiempo que el imperio español y su economía real entraban en una irreversible decadencia.

Lógicamente, todo este dinero que a duras penas Carlos V y Felipe II iban devolviendo a sus acreedores tenía que venir de algún sitio. Los planes de austeridad se centraron en la multiplicación de todo tipo de impuestos, que incluso afectaron a los privilegiados estamentos militares y religiosos. Pero lo peor, como siempre, se lo llevaron los ciudadanos de a pie, para los que se concibieron las alcabalas, que gravaban un tercio de sus ingresos. Un ejemplo ilustrativo refleja la evolución de estas tasas en pocos años: en 1584, las familias segovianas pagaban seis veces más que en 1561 en concepto de impuestos directos. Como siempre, contribuían a salir de la crisis los que más tienen.

Esta cirugía fiscal precipitó al Reino de Castilla –que soportaba buena parte de la carga imperial– en la recesión y descapitalizó la región, reduciendo a los consumidores a la indigencia y alejando las inversiones de las empresas productivas: la industria perdió fuerza y lo que hoy llamaríamos fraude fiscal se centró hace cinco siglos en el contrabando del oro proveniente de las explotadas colonias. La explosión de la burbuja imperial duró bastante tiempo y fue progresiva, pero la suerte había quedado echada en este período. La obtención de créditos a toda costa parecía haberse convertido en un fin en sí mismo, con unos pocos beneficiarios y muchos perdedores.

Varios cientos de años después, gobernantes de los que se han pintado menos cuadros quisieron “sacar a España del rincón de la Historia” para ascenderla después “a la Champions League de la economía”. De nuevo acudieron los banqueros para financiar estas expansiones, que crearon en los ciudadanos una sensación de riqueza virtual. El desenlace final lo conocemos todos: detrás del castillo de naipes, sólo han quedado enormes deudas y una serie de prestamistas con poca paciencia por traerse su dinero de vuelta: ahora los llamamos los “mercados”, pero se parecen a los de antes, sólo que con muchas pantallas de ordenador como referencia.

¿Cómo devolverles lo que se supone que es de ellos? Esta vez, el castigo viene en forma de recortes sociales e ideas-fuerza que subrayan la culpabilidad y la complicidad de la población en el proceso de endeudamiento. De esta forma, la católica España “ha vivido por encima de sus posibilidades” y, como penitencia, habrá de “reformar y sanear” para volver “a la senda del crecimiento”: las alcabalas de nuestros días son las pensiones del mañana, el futuro despido libre y un altísimo suelo de paro que pronto nos hará pagar para poder tener un empleo. Parece que algunos no hemos aprendido mucho de nuestra Historia y que, quizá por eso, los de siempre tienen el camino allanado. A lo mejor habría que mandar a más de uno de vuelta al instituto.

Andrés Villena es economista e investigador en Sociología por la Universidad de Málaga

Ilustración de Iker Ayestaran

Entrevista a Noam Chomsky

02-04-2011

Libia y las crisis que se avecinan

Stephen Shalom y Michael Albert

Znet

Traducción: S. Seguí

1. ¿Cuáles son las razones que mueven a EE.UU. en las relaciones internacionales, en el sentido más amplio? Es decir, ¿cuáles son las razones dominantes y los temas que se pueden detectar casi siempre en las opciones de las políticas de EE.UU., en cualquier lugar del mundo? ¿Cuáles son las razones más concretas, aunque también dominantes, y los temas de las políticas de EE.UU. en Oriente Próximo y el mundo árabe? Y, por último, ¿cuáles cree usted que son los objetivos más inmediatos de la política de EE.UU. en la situación actual en Libia?
Una manera útil de abordar la cuestión es preguntarse cuáles NO son las razones de EE.UU. Podemos averiguarlas de diferentes maneras. Una de ellas es leer la literatura profesional sobre relaciones internacionales: con bastante frecuencia, su relato de la política es lo que la política no es, un tema interesante que no voy a desarrollar aquí.

Otro método, muy relevante en este caso, es escuchar a los líderes y comentaristas políticos. Supongamos que se dice que las razones de la acción militar han sido humanitarias. En sí misma, esta afirmación no contiene información: prácticamente todos los recursos a la fuerza se justifican en esos términos, incluso lo hacen los peores monstruos, que pueden, con total irrelevancia, llegar a convencerse de la verdad de lo que están diciendo. Hitler, por ejemplo, pudo creer que se estaba apoderando de partes de Checoslovaquia para poner fin a los conflictos étnicos y llevar a su pueblo los beneficios de una civilización avanzada, y pudo creer también que su invasión de Polonia iba a poner fin al “terror salvaje” de los polacos. Los fascistas japoneses que arrasaron China probablemente creían que estaban su desinteresada iniciativa iba a para crear un “paraíso terrenal” y proteger a la doliente población de los “bandidos chinos”. Incluso Obama puede haber creído lo que dijo en su discurso presidencial el 28 de marzo sobre las razones humanitarias para su intervención en Libia. Y otro tanto puede decirse de los comentaristas.

Se las puede someter, sin embargo, a una prueba muy simple, para determinar si las nobles intenciones pueden ser tomadas en serio: ¿llaman los autores a la intervención humanitaria y la “responsabilidad de proteger” a las víctimas de sus propios crímenes o a las de sus clientes? Tomemos, por ejemplo, a Obama: ¿convocó a una zona de exclusión aérea durante la asesina y destructora invasión israelí, respaldada por Estados Unidos, de Líbano, en 2006, sin ningún pretexto creíble? ¿Acaso, no explicó con orgullo durante su campaña presidencial que él había patrocinado una resolución del Senado de apoyo a la invasión, en la que se pedía el castigo de Irán y Siria por impedirla? Fin de la discusión. De hecho, prácticamente toda la literatura de la intervención humanitaria y el derecho a proteger, escrita o hablada, desaparece tras esta prueba sencilla y adecuada.

Por el contrario, de las razones REALES poco se habla, y uno tiene que escudriñar los archivos documentales e históricos para descubrirlas, sea el Estado que sea.

¿Cuáles son entonces las razones de EE.UU.? A un nivel muy general, la evidencia me parece que demuestra que no han cambiado mucho desde los estudios de planificación de alto nivel iniciados durante la Segunda Guerra Mundial. Los planificadores en tiempo de guerra daban por sentado que EE.UU. saldría de la guerra en una posición de dominio abrumador, e instaron al establecimiento de una Gran Zona en la que EE.UU. mantuviera un “poder incuestionable” con “supremacía militar y económica”, que garantizase al mismo tiempo la “limitación de cualquier ejercicio de la soberanía” por parte de otros Estados, que pudiera interferir con sus designios globales. La Gran Zona debía incluir el Hemisferio Occidental, el Lejano Oriente, el Imperio británico (que incluía las reservas de energía de Oriente Próximo) y la parte de Eurasia que fuera sea posible, al menos su centro industrial y comercial en el Oeste del continente europeo. Está muy claro, basándose en registros documentales que “el presidente Roosevelt tenía por objetivo la hegemonía de Estados Unidos en el mundo de la posguerra”, para citar la precisa valoración del respetable historiador británico Geoffrey Warner. Y, más importante, los minuciosos planes de tiempo de guerra se llevaron a la práctica poco después, como podemos leer en los documentos desclasificados de los años siguientes, y como podemos observar en la práctica. Las circunstancias han cambiado, por supuesto, y las tácticas se han ajustado en consecuencia, pero los principios básicos son bastante estables, hasta el presente.

Con respecto a Oriente Próximo –la “región de mayor importancia estratégica del mundo”, en palabras del presidente Eisenhower– la principal preocupación ha sido y sigue siendo sus incomparables reservas energéticas. El control de éstas daría el “control sustancial del mundo”, como vio muy pronto el influyente asesor liberal A.A. Berle. Estas preocupaciones suelen ocupar un lugar prominente en los asuntos relativos a esta región.

En Iraq, por ejemplo, cuando las dimensiones de la derrota de Estados Unidos. ya no podían ocultarse, la retórica fue desplazada por un honesto anuncio de los objetivos de la política. En noviembre de 2007, la Casa Blanca emitió una declaración de principios en la que insistía en que Iraq debía conceder a las fuerzas militares de EE.UU. el acceso por tiempo indefinido, y también en que se debía dar preferencia a los inversores estadounidenses. Dos meses más tarde, el presidente informó al Congreso que iba a pasar por alto cualquier legislación que pudiera limitar el estacionamiento permanente de las fuerzas armadas de EE.UU. en Iraq o “el control por parte de Estados Unidos de los recursos petrolíferos de Iraq”, exigencias que abandonó poco después ante la resistencia iraquí, al igual que tuvo que abandonar los objetivos anteriores.

Si bien el control del petróleo no es el único factor en la política de Oriente Próximo, ofrece en cambio algunas directrices bastante acertadas, antes como ahora. En un país rico en petróleo, a un dictador de confianza se le garantiza una libertad de acción casi total. En las últimas semanas, por ejemplo, no ha habido reacción alguna cuando la dictadura de Arabia Saudí utilizó la fuerza masiva para aplastar cualquier signo de protesta. Otro tanto en Kuwait, donde unas pequeñas manifestaciones fueron aplastadas al instante. Y en Bahrein, cuando las fuerzas armadas dirigidas por Arabia Saudí intervinieron para proteger al monarca de la minoría sunita de las demandas de reformas por parte de la población chií reprimida. Las fuerzas gubernamentales no solo desmantelaron el campamento de la Plaza de la Perla –la Plaza Tahrir de Bahrein– sino que llegaron a demoler la estatua de la Perla que es el símbolo de Bahrein y de la que se habían apropiado los manifestantes. Bahrein es un caso particularmente sensible, ya que alberga la Sexta Flota de EE.UU. la fuerza militar más poderosa, con mucho, de la región, y también porque el Este de Arabia Saudita, en la puerta de al lado, es también en gran parte chií y tiene las mayores reservas petroleras del reino. Por un curioso accidente de la geografía y la historia, la mayor concentración de hidrocarburos del mundo rodea la parte norte del Golfo, en regiones de mayoría chií. La posibilidad de una alianza tácita chií ha sido la pesadilla de los planificadores desde hace mucho tiempo.

En los estados que carecen de grandes reservas de hidrocarburos, las tácticas varían, aunque por lo general se ajustan siempre al mismo esquema estándar cuando uno de nuestros dictadores tiene problemas: apoyarlo el mayor tiempo posible y, cuando resulta imposible, hacer pública declaración de amor a la democracia y los derechos humanos, tratando a la vez de salvar la mayor parte del régimen que sea posible.

El escenario es aburridamente familiar: Marcos, Duvalier, Chun, Ceasescu, Mobutu, Suharto y muchos otros. Y hoy, Túnez y Egipto. Siria es un hueso duro de roer y no hay una alternativa clara a la dictadura que apoye los objetivos de EE.UU. Yemen es un cenagal en el que la intervención directa probablemente crearía problemas aún mayores a Washington. Así que ahí la violencia estatal sólo produce declaraciones piadosas.

Libia es un caso diferente. Libia es rica en petróleo, y aunque EE.UU. y el Reino Unido han proporcionado con frecuencia un apoyo notable a su cruel dictador, hasta ahora, éste no es de confianza. Preferirían un cliente más obediente. Además, el vasto territorio de Libia está poco explorado, y los especialistas de la industria petrolera creen que puede haber abundantes recursos petrolíferos sin explotar, que un gobierno más previsible podría abrir a la explotación occidental.

Cuando comenzó un levantamiento no violento, Gadafi lo aplastó violentamente y estalló una rebelión que liberó Bengazi, la segunda ciudad más grande del país, y parecía a punto de asediar la fortaleza de Gadafi en el Oeste. Sus fuerzas, sin embargo, cambiaron el curso del conflicto y llegaron a las puertas de Bengazi. Una masacre era probable, y como el asesor de Obama para Oriente Próximo, Dennis Ross, señaló “todo el mundo nos culparía por ello.” Eso sería inaceptable, al igual que una victoria militar que potenciase el poder y la independencia de Gadafi. Ante esta tesitura, EE.UU. se unió a las Naciones Unidas en la resolución 1973, que establece una zona de exclusión aérea a cargo de Francia, el Reino Unido, y EE.UU., en la que este país podría tener un papel secundario.

No se hizo ningún esfuerzo para limitar la acción a la creación de una zona de exclusión aérea o siquiera a mantenerse en el mandato más amplio de la resolución 1973.

El triunvirato interpretó inmediatamente la resolución como una autorización para su participación directa del lado de los rebeldes. Se impuso por la fuerza un alto el fuego a las fuerzas de Gadafi, pero no a los rebeldes. Por el contrario, se les dio apoyo militar a medida que avanzaban hacia el Oeste, y enseguida se hicieron con las principales fuentes de producción de petróleo de Libia, y estuvieron listos para seguir adelante.

El flagrante desprecio de la resolución 1973 de las Naciones Unidas pronto comenzó a causarle dificultades a la prensa, ya que era demasiado grave ignorarlo. En el New York Times, por ejemplo, Karim Fahim y David Kirkpatrick (el 29 de marzo) se preguntaban “cómo podrían justificar los aliados sus ataques aéreos contra las fuerzas del coronel Gadafi en torno a [su centro tribal de] Sirte si, como parece ser el caso, goza de amplio apoyo en la ciudad y no representa una amenaza para los civiles.” Otra dificultad técnica es que la resolución 1973 del Consejo de Seguridad exige un embargo de armas que se aplique a todo el territorio de Libia, lo que significa que cualquier aporte externo de armas a la oposición tendría que ser encubierto (pero, de otro modo, no problemático).

Hay quien argumenta que el petróleo no puede ser una razón, porque las compañías occidentales ya disfrutaban de acceso al botín bajo Gadafi. Este razonamiento ignora las preocupaciones de EE.UU. Lo mismo podría haberse dicho de Iraq bajo Saddam, o de Irán o Cuba durante muchos años, y aún hoy en día. Lo que Washington pretende es lo que Bush anunció: control o, por lo menos, clientes de confianza. Documentos internos estadounidenses y británicos subrayan que “el virus del nacionalismo” es su mayor temor, no sólo en el Oriente Próximo sino en todas partes. Regímenes nacionalistas que pudieran llevar a cabo ilegítimos ejercicios de soberanía, violando los principios de la Gran Zona. Y que pudieran tratar de dirigir los recursos a cubrir las necesidades populares, como Nasser amenazaba ocasionalmente con hacer.

Vale la pena señalar que las tres potencias imperialistas tradicionales –Francia, Reino Unido, EE.UU. – están casi aisladas en la realización de estas operaciones. Los dos principales estados de la región, Turquía y Egipto, probablemente podrían haber impuesto una zona de exclusión aérea, pero sólo ofrecen un tibio apoyo a la campaña militar del triunvirato. Las dictaduras del Golfo estarían felices de ver desaparecer al errático dictador libio, pero a pesar de estar sobrecargadas de hardware militar de último modelo (servido generosamente por EE.UU. y Reino Unido para reciclar los petrodólares y asegurar su obediencia), sólo se atreven a ofrecer una participación simbólica (Qatar.)

Si bien apoyan la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC), los países africanos –aparte de Ruanda, aliado de EE.UU.– se oponen en general a la forma en que aquélla ha sido interpretada, a toda prisa, por el triunvirato, y en algunos casos esta oposición es muy firme. Para conocer las políticas de cada uno de los estados africanos véase el artículo del keniata Charles Onyango-Obbo (http://allafrica.com/stories/201103280142.html).

Más allá de la región hay poco apoyo. Al igual que Rusia y China, Brasil se abstuvo de en la votación de la ONU de la resolución 1973, instando en cambio a un completo alto el fuego y al diálogo. India también se abstuvo en la resolución, basándose en que las medidas propuestas pueden “agravar una situación ya difícil para el pueblo de Libia”, y también pidió medidas políticas y no el uso de la fuerza. Incluso Alemania se abstuvo. Italia también se mostró reacio, en parte quizá porque es muy dependiente de los contratos petroleros con Gadafi. Además, podemos recordar el genocidio que llevó a cabo Italia en el este de Libia, la zona ahora liberada, tras la primera Guerra Mundial, del que tal vez conserven algunos recuerdos .
2. ¿Puede alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas, apoyar una intervención ya sea realizada por la ONU o individualmente por algunos países?
Hay dos casos a considerar: (1) una intervención autorizada por la ONU, y (2), una intervención sin autorización de la ONU. A menos que creamos que los Estados son sagrados en la forma que se han establecido en el mundo moderno (por lo general mediante una violencia extrema), y que están dotados de derechos que anulan todas las consideraciones imaginables, entonces la respuesta es la misma en ambos casos: sí, al menos en principio . Y no veo motivo para discutir esta creencia, por lo que la voy a dejar de lado.

En lo que respecta al primer caso, la Carta (de las Naciones Unidas) y las resoluciones posteriores otorgan al Consejo de Seguridad una considerable latitud para la intervención, y ésta se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el caso de África del Sur. Esto, por supuesto, no implica que todas las decisiones del Consejo de Seguridad deban tener la aprobación de “alguien contrario a las intervenciones, que además cree en la autodeterminación de las naciones y las personas”; otras consideraciones entran en juego en casos específicos, pero, una vez más, a menos que otorguemos a los Estados contemporáneos un estatus de entidades prácticamente sagradas, el principio es el mismo.

En cuanto al segundo caso –el que se plantea con respecto a la interpretación que hace el triunvirato de la resolución 1973, junto a otros muchos ejemplos– la respuesta es otra vez afirmativa, al menos en principio, a menos que tomemos el sistema estatal global como algo inviolable en la forma establecida en la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados.

Siempre hay, por supuesto, una carga de la prueba muy pesada que es preciso soportar para justificar la intervención por la fuerza, o cualquier otro uso de la fuerza. La carga es especialmente alta en la segunda hipótesis, en casos de violación de la Carta, al menos para los Estados que profesan el respeto de la ley. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la potencia hegemónica mundial rechaza esta postura, y se autoexcluye de las Cartas de las Naciones Unidas y de la OEA, junto a otros tratados internacionales. Al aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cuando ésta se estableció (conforme a la iniciativa de EE.UU.) en 1946, Washington se excluyó de los cargos de violación de los tratados internacionales, y posteriormente ratificó el Convenio para la Prevención y la Represión del Genocidio, de 1948. con reservas similares. Todas ellas confirmadas por los tribunales internacionales, ya que su procedimientos requieren la aceptación de la jurisdicción. De manera más general, la práctica de EE.UU. es introducir reservas cruciales a los tratados internacionales que ratifica, eximiéndose en la práctica de los mismos.

¿Es soportable la carga de la prueba? No tiene mucho sentido discutir esto de manera abstracta, pero hay algunos casos reales que podrían ayudarnos. En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay dos casos de recurso a la fuerza que, aunque no pueden considerarse como intervenciónes humanitarias, podrían ser legítimamente compatibles: la invasión por parte de India de Pakistán Oriental, en 1971, y la invasión vietnamita de Camboya, en diciembre de 1978; en ambos casos, para poner fin a atrocidades masivas. Estos ejemplos, sin embargo, no entran en el canon occidental de intervención humanitaria, ya que sufren de la falacia de la institución errónea: no los llevaron a cabo los occidentales. Es más, EE.UU. se opuso a ellos encarnizadamente, en el momento álgido de las atrocidades, y luego castigó severamente a los “malhechores” que terminaron con las matanzas de la actual Bangladesh y de la Camboya de Pol Pot. Vietnam no sólo fue duramente condenado, sino también castigado con una invasión china apoyada por Estados Unidos, y con el apoyo militar y diplomático británico-estadounidense a los jemeres rojos camboyanos en sus ataques desde sus bases de Tailandia.

Si bien la carga de la prueba se puede soportar en ambos casos, no es fácil pensar en otros. En el actual caso de intervención por el triunvirato de potencias imperiales que están violando en estos momentos la resolución 1973 de las Naciones Unidas de 1973, la carga es muy pesada, dado su horrible historial. Sin embargo, sería demasiado fuerte sostener que nunca se puede soportar, en principio. A menos, por supuesto, que consideramos los estados-nación en su forma actual como esencialmente sagrados. La prevención de una masacre probable en Bengazi no es poca cosa, con independencia de lo que uno piense sobre las razones.

3. ¿Puede una persona interesada en que los disidentes de un país no sean masacrados en su búsqueda de la autodeterminación, oponerse legítimamente a una intervención que tiene por objeto, sean cuales sean sus razones, evitar una masacre?

Aun aceptando, por pura hipótesis, que la intención es genuina, que cumple el criterio simple que he mencionado al principio, no veo cómo responder a este nivel de abstracción: depende de las circunstancias. Podríamos oponernos a la intervención podría oponerse, por ejemplo, si ésta es probable que conduzca a una masacre mucho peor. Supongamos, por ejemplo, que los líderes de EE.UU., real y honestamente, hubieran tenido la intención de evitar una masacre en Hungría en 1956 y hubieran bombardeado Moscú. O que el Kremlin, genuina y honestamente, hubiera tenido la intención de evitar una masacre en El Salvador, en la década de 1980, mediante el bombardeo de EE.UU. Teniendo en cuenta las consecuencias previsibles, todos estaríamos de acuerdo en que esas acciones –inconcebibles– podría ser legítimamente contestadas.

4. Muchos ven una analogía entre la intervención en Kosovo, de 1999, y la actual intervención en Libia. ¿Puede explicar las principales similitudes, en primer lugar, y también las principales diferencias, en segundo lugar?
De hecho, muchas personas perciben esta analogía, lo que es un homenaje al increíble poder de los sistemas de propaganda occidentales. Da la casualidad de que contamos con excelente documentación de los antecedentes de la intervención en Kosovo, que incluye dos detalladas recopilaciones del Departamento de Estado, extensos informes sobre el terreno de los observadores –occidentales– de la Misión de Verificación de Kosovo, fuentes de la OTAN y la ONU, una comisión de investigación británica y muchos más elementos. Los informes y estudios coinciden estrechamente en los hechos.

En resumen, podemos decir que no se había producido ningún cambio sustancial sobre el terreno en los meses previos al bombardeo. Tanto las fuerzas serbias como la guerrilla del ELK habían cometido atrocidades –las de esta última fuerza, de mayor gravedad, en ataques desde la vecina Albania– durante el período en cuestión, al menos de acuerdo a las más altas autoridades británicas (Gran Bretaña fue el miembro más agresivo de la alianza). Las grandes atrocidades en Kosovo no fueron la causa de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, sino su consecuencia, una consecuencia totalmente previsible. El comandante en jefe de la OTAN, el general estadounidense Wesley Clark, había informado a la Casa Blanca semanas antes de los bombardeos de que éstos provocarían una respuesta brutal por las fuerzas serbias sobre el terreno, y, al comienzo del bombardeo, dijo a la prensa que esta respuesta era “previsible”.

Los primeros refugiados kosovares registrados por la ONU se producen en fechas muy posteriores al comienzo de los bombardeos. Con una sola excepción, la acusación de Milosevic, durante los bombardeos, basada en gran medida en informes de inteligencia anglo-estadounidenses, se limitó a los crímenes cometidos después del bombardeo, y sabemos que no podía ser tomada en serio por los líderes de Estados Unidos y Reino Unido, que en ese mismo momento estaban apoyando activamente crímenes aún peores. Además, había buenas razones para creer que una solución diplomática estaba al alcance; en efecto, la resolución de la ONU impuesta después de 78 días de bombardeo fue más bien un compromiso entre la posición serbia y la de la OTAN al comienzo.

Todo esto, incluso estas impecables fuentes occidentales, lo trato con cierto detalle en mi libro A New Generation Draws the Line. Nuevas informaciones que corroboran todo ello han aparecido desde entonces. Por ejemplo, Diana Johnstone informa de una carta a la canciller alemana, Angela Merkel, el 26 de octubre de 2007, que le envía Dietmar Hartwig, ex jefe de la misión europea en Kosovo antes de que fuera retirado el 20 de marzo con el anuncio del bombardeo, que estaba en una posición muy buena para saber lo que estaba sucediendo. Éste escribe:

“No hay un solo informe presentado en el período comprendido entre finales de noviembre de 1998 y la evacuación en vísperas de la guerra que mencione que los serbios hayan cometido delitos graves o sistemáticos contra los albaneses, ni tampoco ha habido un solo caso que se refiera a incidentes o delitos de genocidio o asimilables a éste. Por el contrario, en mis informes he registrado en repetidas ocasiones que, teniendo en cuenta los ataques del ELK cada vez más frecuentes contra el Gobierno serbio, se ha demostrado que la aplicación de la ley por parte de éste ha sido hecha con una notable moderación y disciplina. El objetivo claro y citado a menudo por el Gobierno serbio ha consistido en observar rigurosamente el acuerdo Milosevic-Holbrooke [de octubre de 1998] para no dar ninguna excusa a la comunidad internacional para intervenir. (...) Hubo enormes “diferencias de percepción” entre lo que las misiones en Kosovo han estado informando a sus respectivos gobiernos y capitales, y lo que éstos han filtrado posteriormente a los medios de comunicación y al público. Esta discrepancia sólo puede ser vista como un elemento de preparación a largo plazo para la guerra contra Yugoslavia. Hasta el momento en que abandoné Kosovo, nunca había ocurrido lo que los medios de comunicación y, todavía más, los políticos afirmaban sin cesar. En consecuencia, hasta el 20 de marzo 1999 no había ninguna razón para la intervención militar, lo que hace ilegítimas las medidas adoptadas posteriormente por la comunidad internacional. El comportamiento colectivo de los Estados miembros antes y después del estallido de la guerra da pie a serias preocupaciones, porque la verdad fue liquidada y la UE perdió fiabilidad.”

La historia no es física cuántica, y siempre hay un amplio margen para la duda. Pero es raro que las conclusiones tengan un respaldo tan firme como en este caso. De un modo muy revelador, es totalmente irrelevante. La doctrina que prevalece es que la OTAN intervino para detener la limpieza étnica, aunque los partidarios de los bombardeos que toleran al menos un guiño a los abundantes elementos fácticos califican su apoyo al decir que los bombardeos eran necesarios para detener las posibles atrocidades: debemos actuar aun produciendo atrocidades a gran escala para detener las que se podrían producir si no bombardeásemos. Y hay justificaciones aún más impactantes.

Las razones de esta práctica unanimidad y pasión son bastante claras. El bombardeo se produjo en una virtual orgía de autoglorificación y pavor por parte de las potencias, que podría haber impresionado a Kim il-Sung. Lo he analizado en otro lugar, y no deberíamos permitir que siga en el olvido este notable momento de la historia intelectual. Después de este espectáculo, el desenlace tenía que ser simplemente glorioso. La noble intervención en Kosovo proporcionó este desenlace, y esta ficción debe ser celosamente mantenida.

Volviendo a la pregunta, hay una analogía entre las representaciones autocomplacientes de Kosovo y Libia: ambas intervenciones están animadas por nobles intenciones, según la versión novelada. El inaceptable mundo real sugiere en cambio analogías bastante diferentes.

5. Del mismo modo, mucha gente ve una analogía entre la actual intervención en Iraq y la intervención en curso en Libia. En este caso, ¿puede explicar las similitudes y las diferencias?
No veo las analogías significativas aquí tampoco, excepto que dos de los Estados participantes son los mismos. En el caso de Iraq, las metas son las que al final acabaron por reconocer. En el caso de Libia, es probable que el objetivo sea similar, al menos en un aspecto: la esperanza de que un régimen cliente fiable apoye los objetivos occidentales y proporcione a los inversores occidentales un acceso privilegiado a la riqueza petrolera rica de Libia, que, como he señalado, puede ir mucho más allá de lo que se conoce actualmente.

6. ¿Qué espera usted, en las próximas semanas, que suceda en Libia y, en ese contexto, ¿cuáles cree usted que deberían ser los objetivos de un movimiento, en Estados Unidos, contra la intervención y la guerra con respecto a las políticas de EE.UU.?

Por supuesto, es incierto, pero las perspectivas probables –hoy, 29 de marzo– son o bien una partición de Libia en una región oriental, rica en petróleo y dependiente en gran medida de las potencias occidentales imperiales, y una región occidental pobre bajo el control de un tirano brutal de limitadas capacidades; o bien una victoria de las fuerzas respaldadas por Occidente. En cualquier caso, lo que el triunvirato presumiblemente espera es un régimen menos problemático y más dependiente en lugar del actual. El desenlace probable es el que se describe con bastante exactitud, creo que por el diario árabe con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi, en su número del 28 de marzo. Si bien se reconoce la incertidumbre de la predicción, prevé que la intervención puede dejar en Libia “dos estados, uno para los rebeldes en el Este, rico en petróleo; y uno, pobre, en manos de Gadafi en el Oeste (...) Una vez asegurados los campos de petróleo, podemos encontrarnos ante a un nuevo emirato petrolero en Libia, un país escasamente habitado, protegido por Occidente y muy similar a los estados-emirato del Golfo Pérsico.” O bien, la rebelión apoyada por Occidente podría continuar hasta el final para eliminar al irritante dictador.

Los que se preocupan por la paz, la justicia, la libertad y la democracia debe tratar de encontrar maneras de prestar apoyo y asistencia a los libios que tratan de forjar su propio futuro, libre de las limitaciones impuestas por las potencias extranjeras. Podemos tener esperanzas sobre la dirección a seguir, pero el futuro debe estar en sus manos.