EL TIEMPO DE LOS DERECHOS
JOSEP FONTANA
HISTORIADORLa actuación del primer Gobierno de la Segunda República española, presidido por un terrateniente católico e integrado por ocho liberales moderados y tres socialistas, se encaminó desde el primer momento a asegurar el desarrollo constitucional y a adoptar medidas de emergencia para paliar los efectos de una crisis económica agravada por la inepta política de la dictadura del general Primo de Rivera. Un Gobierno de predominio liberal no dudó entonces en publicar medidas de intervención, como las leyes de términos municipales, de laboreo forzoso, de prórroga de arrendamientos y de asentamientos colectivos, o la implantación de la jornada de ocho horas para los jornaleros.
Como dijo Azaña, “la obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal”, pero en las cuestiones económicas, por muy liberal que se fuese, era necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en unos momentos de paro y de conflicto, en especial en la agricultura. “Con socialistas ni sin socialistas ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República”.
Pero los cambios que permitieron mejorar la condición de la población trabajadora procedieron menos de las leyes mismas –la de reforma agraria, por ejemplo, promulgada en septiembre de 1932, llegó a 1936 sin resultados significativos, puesto que, como dijo Camilo Berneri, “se aplicó en dosis homeopáticas”– que de un cambio de apariencia nada espectacular, pero de consecuencias trascendentes, en las reglas del juego social.
La derecha recortó salarios y persiguió a sindicalistas en 1933 al volver al poder
En el campo, por ejemplo, se acabó con la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios, con la colaboración de los funcionarios, de la Guardia Civil y de los jueces, desvirtuar o neutralizar las leyes reformistas que se publicaban en los años de la monarquía (que haberlas las hubo, aunque sus consecuencias fuesen escasas). Al comienzo, los propietarios vieron la llegada del nuevo régimen con tranquilidad, puesto que estaban acostumbrados a que cambiasen los gobiernos en Madrid, mientras seguían controlando su entorno local. Comenzaron a alarmarse cuando vieron que los campesinos se organizaban para reivindicar sus derechos sin que la Guardia Civil se lo impidiera, como en el pasado; fue así como los jornaleros pudieron mejorar sus salarios y sus condiciones de vida.
Que esa política fuese acertada lo demostró que sirviera para evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles de estos años muestran descensos moderados o estabilidad. La renta nacional creció y las mejoras salariales, consecuencia de la libertad de acción sindical, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura internacional. Nada hubo en España que se pareciera al desastre de la gran recesión en Estados Unidos o en Alemania. Cuál fue la actitud de las derechas españolas hacia estos cambios lo muestra todavía un libro publicado en 1998 –e insisto en la fecha para que no se crea que se trata de un panfleto de la Guerra Civil– en el que cuando se enumeran las razones que movieron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, se nos da esta descripción de los horrores de la República: “Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado...”. O sea, el bolchevismo.
Por eso, cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros. Eso sucedió en Andalucía, en Cuenca –donde los trabajadores de Barajas de Melo se lamentaban de que “cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república”–, en Ciudad Real –donde los de Solana del Pino aseguraban que “para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros”–, en Toledo, donde, según explica Arturo Barea, a fines de 1933 los propietarios comenzaban a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato “y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes”.
La izquierda aceptó su derrota en las urnas en el 33; la derecha no lo hizo en el 36
Otra muestra del cambio profundo que introdujo la conjunción republicano-socialista en la política española la tenemos en la práctica del sistema electoral. Las elecciones de 1933 fueron, en 120 años de historia parlamentaria española, las primeras que perdió un Gobierno que las hubiera convocado. Este aceptó su derrota y cedió el poder a la oposición de derechas. Cuando esto sucedió por segunda vez, en febrero de 1936, las derechas se dispusieron a recuperar el poder por la fuerza, volviendo a una tradición histórica en que las elecciones no eran más que una farsa.
Nadie ha expresado mejor que Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, lo que vino a significar, como una profunda ruptura en la historia española, la actuación del Gobierno provisional de 1931: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.
ANDREU MAYAYO I ARTAL
CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONAEn las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la coalición Esquerra Catalana, formada por la recién creada Esquerra Republicana de Catalunya y la Unió Socialista de Catalunya, conseguía, contra pronóstico, la victoria en la ciudad de Barcelona con un tercio de los votos y la mitad de los concejales duplicando a la Conjunción Republicano-Socialista y la conservadora Lliga Regionalista de Francesc Cambó.
Al mediodía del martes 14 de abril, el concejal electo Lluís Companys proclamaba la República desde el balcón del Ayuntamiento. Un par de horas más tarde, desde el balcón del Palacio de la Diputación (actual Palau de la Generalitat), Francesc Macià proclamaba la República catalana como Estado integrado en la Federación Ibérica.
La proclamación del excoronel del Ejército español y líder de ERC cabe interpretarla más en clave española que separatista, puesto que reconoce la autoridad de Niceto Alcalá Zamora (eso sí, lo convierte de facto en presidente de la República federal) y aboga por la fraternidad con los otros pueblos hermanos de España. De acuerdo con la interpretación del Pacto de San Sebastián, Macià sitúa la República catalana dentro de una República federal. No obstante, el famoso pacto, firmado el 17 de agosto del año anterior entre las diversas corrientes republicanas, con la presencia del PSOE, reconoce la personalidad política propia y el derecho al autogobierno de Catalunya, pero sin más especificaciones.
Así pues, nada más proclamarse la República se produce el primer encontronazo sobre la naturaleza del nuevo régimen: federalista para el republicanismo catalanista, autonomista para la mayoría de los republicanos españoles. Tres días más tarde tiene lugar la negociación entre Macià y los representantes del Gobierno provisional, los catalanes Marcel•lí Domingo y Lluís Nicolau d’Olwer y el socialista Fernando de los Ríos. Macià accede a envainarse la República catalana a cambio del reconocimiento del autogobierno catalán, con el nombre histórico de la Generalitat, y redactar un Estatuto de autonomía para someterlo a la aprobación de las Cortes españolas.
Macià aparcó la República catalana a cambio del autogobierno
Josep Tarradellas, con posterioridad, explicaría la decepción de Macià no tanto por este ejercicio de realismo político sino por el conformismo de los catalanes. Como afirma el historiador Àngel Duarte: “La ciudadanía estaba encantada [de] que Macià hubiese proclamado la República catalana, pero mucho más [de] que hubiera renunciado con tal de consolidar un proyecto común de democracia republicana para todos los pueblos de España”.
La ponencia, reunida en Núria, concluyó la redacción del proyecto de Estatuto el 20 de junio. La Diputación Provisional de la Generalitat lo aprobó, al son de La Marsellesa, el 14 de julio y lo sometió a un doble plebiscito el 2 de agosto. Por una parte, la totalidad de los ayuntamientos (salvo cinco que no enviaron las actas) apoyaron el texto y, por la otra, el escrutinio popular fue contundente: de un censo de 792.574, 595.205 votaron a favor y sólo 3.286 en contra. Las mujeres que no tenían derecho al voto consiguieron en Barcelona 146.644 firmas favorables al Estatuto y 235.467 en el resto de Catalunya.
El PSOE, desde las páginas de El Socialista, recelará de tanta unanimidad y cuestionará la pulcritud y, por consiguiente, la validez del plebiscito. Una posición compartida por la mayoría de republicanos y que presagiaba la derrota de la concepción federal sustentada por el llamado Estatuto de Núria. Finalmente, la Constitución republicana se definía, en su artículo primero, como un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones. En este sentido, los constituyentes abrieron la puerta a la descentralización (generalizable y no sólo para Catalunya) al mismo tiempo que la cerraban al federalismo, un aspecto que fue de los pocos que no se incorporó de la Constitución de Weimar que sirvió de modelo a la española.
El 6 de mayo de 1932 empezó la discusión del Estatuto catalán en las Cortes y, a pesar de que una comisión se había encargado de adaptar el nuevo texto a la realidad constitucional española (el Estado autónomo se había convertido en región autónoma), el debate levantó ampollas jaleado por las posiciones intransigentes aireadas por determinados ayuntamientos castellanos, colegios profesionales, asociaciones de todo tipo y la mayoría de la prensa.
La Constitución republicana abrió la descentralización y cerró el federalismo
A la sanjurjada le salió el tiro por la culata y supuso un espaldarazo al Estatuto catalán que, convenientemente reformado, fue aprobado por las Cortes el 9 de septiembre de 1932 por 334 votos a favor y sólo 24 en contra. Azaña fue recibido como un héroe y en olor de multitudes en Barcelona. Meses más tarde, Macià obligaba a Companys a dejar la presidencia del nuevo Parlamento catalán y asumir la cartera de Marina en un claro y nítido apoyo al Gobierno republicano de izquierdas.
La insurrección del 6 de octubre de 1934, una vez más en clave española, supuso la suspensión del Estatuto, que se prolongó hasta la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. En esta primavera frentepopulista se iniciaron los trámites para acceder a la autonomía en Euskadi y Galicia. El 5 de abril de 1938, nada más pisar tierras catalanas, el Generalísimo Franco derogó el Estatuto en “mala hora concedido”.
La experiencia republicana influyó en la transición a la democracia tras la muerte del dictador. En primer lugar, para subrayar el carácter plurinacional de España se incorporó el concepto de “nacionalidades y regiones” (luego plasmado en la Constitución de 1978) en los acuerdos entre las diversas plataformas de la oposición democrática. En segundo lugar, se empezó primero por la Constitución para luego acoplar los proyectos de estatutos. Asimismo, se creyó oportuno someter a referéndum popular, no el proyecto inicial, sino el texto aprobado por las Cortes para evitar frustraciones innecesarias. Lo que nadie podía imaginar entonces es que el Tribunal Constitucional pudiera enmendar la página a un texto estatutario refrendado por el pueblo.
Coda final: hasta el presente, a diferencia del nacionalismo vasco, los proyectos políticos mayoritarios del catalanismo político (los diferentes estatutos) han sido en clave española y no separatista. Quizás para los españoles sea más incómodo cambiar su concepción de España, para que todo el mundo encuentre acomodo, que lidiar con el separatismo con la capa del mal llamado bloque constitucional y el estoque del poder judicial.
MARY NASH
CATEDRÁTICA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONADesde la proclamación de la Segunda República, el Gobierno reformista republicano socialista dictaminó un amplio conjunto de leyes que amparaba los derechos políticos y civiles de las mujeres y su incorporación en la vida política. En 1931, la Constitución abrió una etapa singular en la historia de España al establecer el sufragio universal y el principio de igualdad de género. Las españolas se convirtieron entonces en ciudadanas de pleno derecho con la conquista del voto y de los derechos igualitarios establecidos. Frente a la figura subalterna femenina regulada en las leyes anteriores, el nuevo régimen democrático republicano inauguró un decisivo proceso de reconocimiento de la ciudadanía femenina y de desmantelamiento de la discriminación legal vigente hasta entonces.
Aunque se asentaba en la tradición política liberal del igualitarismo, el voto femenino había despertado una oposición implacable en muchos países, ya que cuestionaba el monopolio masculino del espacio político público. Desde principios del siglo XX, el feminismo español había promovido los derechos sociales y civiles y su agenda se centraba en mejoras educativas y laborales. Para mediados de la década de 1920, emergió un feminismo más claramente igualitario y sufragista impulsado por diferentes figuras y asociaciones de mujeres. En 1921 ya se había organizado una de las primeras manifestaciones públicas sufragistas en Madrid, cerca de las Cortes, reclamando la igualdad de ambos sexos en derechos civiles y políticos.
El Seguro de Maternidad fijó la atención sanitaria, descanso y subsidios
Es en este marco en el que hay que situar a la activista feminista y abogada Clara Campoamor, que encabezó la defensa del sufragio femenino en el debate parlamentario en las Cortes Constituyentes. Para esta diputada del Partido Radical, los principios democráticos debían garantizar la aplicación de la igualdad y la eliminación de cualquier discriminación de sexo en la nueva Constitución democrática. Consideraba la libertad y la igualdad como los principios fundamentales para el ejercicio de los derechos políticos y convirtió la ciudadanía sin restricciones en la piedra angular de la joven democracia española. Su fuerza argumental radicaba en su clara denuncia de la inviabilidad de cualquier régimen democrático que dispensara un trato político diferencial a las mujeres. En el caso de no admitirse la igualdad de derechos políticos, advirtió de que la Segunda República se descalificaría a sí misma como régimen democrático, quedando desenmascarada su voluntad de proteger “una República aristocrática de privilegio masculino”. No le valían ni los argumentos de conveniencia política ni las dudas sobre el supuesto comportamiento electoral conservador de las españolas expresados por Victoria Kent, la diputada del Partido Radical Socialista. Tampoco le parecieron legítimos los embistes misóginos de algunos diputados fundamentados en un discurso trasnochado de esencialismo biológico que afirmaba la inferior capacidad de las mujeres y su supuesta naturaleza “histérica” incompatible con el ejercicio de la ciudadanía.
El principio de igualdad quedó consagrado en la Constitución y el proceso democratizador en clave de género encarnó un esfuerzo específico de desarrollar una cultura igualitaria. Esta voluntad se reflejó en las numerosas reformas legales en los ámbitos de la maternidad, la familia, el trabajo y la educación que consolidaron los derechos de las mujeres. En el ámbito laboral, se efectuó un desarrollo decisivo en los derechos sociales con la legislación de protección a la maternidad, que incluso anticipaba en su contenido futuros convenios de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre 1931 y 1935 se afiliaron 741.771 trabajadoras al Seguro Obligatorio de Maternidad que introdujo un servicio estatal eficiente de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras. La misma Constitución inscribió el principio de la igualdad de trato en el ámbito laboral. Asimismo, las trabajadoras quedaron incluidas en las medidas de seguridad social que regulaban las pensiones, accidentes y desempleo con la excepción de las trabajadoras domésticas. Inspirada en el principio del derecho de todas las mujeres al trabajo remunerado, la legislación supuso una ruptura con las leyes y prácticas sociales anteriores que dificultaban el continuo acceso de las casadas al mercado laboral. Inscribió la voluntad de alcanzar una situación de equidad de derechos, aunque la conjunción entre un ideario igualitarista y una voluntad proteccionista de signo paternalista conllevó un choque entre las normativas establecidas.
El matrimonio civil e igualitario fue la base del nuevo modelo de familia
La Constitución puso la familia bajo la salvaguardia del Estado. Precisamente en este marco tradicionalmente tan discriminatorio hacia la mujer, los legisladores republicanos hicieron un gran esfuerzo por reforzar los derechos de las mujeres, en especial de las casadas. Al declarar que “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos”, la Constitución introducía el nuevo principio de la igualdad en la familia. Frente a la anterior sumisión obligada de la mujer casada a la tutela y autoridad masculina, el matrimonio civil, laico e igualitario era la base del nuevo modelo de familia que eliminaba la desigualdad de trato. Los enunciados igualitarios implicaron una necesaria acomodación del arcaico modelo tradicional de familia pero no eliminaron de golpe la mentalidad arraigada respecto a la supremacía masculina en la familia.
En respuesta a una reiterada demanda de las asociaciones de mujeres, se reguló la igualdad de trato entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y se otorgó el derecho a la investigación de la paternidad. La Ley del Divorcio de 1932 fue otra medida significativa y una de las más avanzadas en su época al admitir la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo y asentarse en el principio de la igualdad entre los cónyuges. A pesar del imaginario colectivo de la denodada resistencia femenina hacia el divorcio por temor a perder su estatus social o sustento económico, los estudios realizados han demostrado que una amplia mayoría de mujeres separadas tramitó la demanda del divorcio.
La Segunda República aportó notables adelantos en una cultura democrática igualitaria. Asentó los derechos de las nuevas ciudadanas aunque el escaso tiempo de su vigencia no fue suficiente para transformar la cultura de género y la pervivencia de una mentalidad tradicional en torno al rol de las mujeres y su desigualdad.
La tierra para quien la trabaja
RICARDO ROBLEDO
CATEDRÁTICO DE HISTORIA ECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCACuando todavía la República suscitaba unanimidades y hasta el conde de Romanones (cuyas propiedades sumaban más de 15.000 hectáreas) pedía “soluciones rápidas y efectivas” para resolver el problema agrario, el Gobierno provisional declaraba en mayo de 1931 su decisión de acometer una reforma agraria integral que facilitara la transformación social, política e industrial de España y la “posibilidad de una democracia aldeana”. Teniendo en cuenta la crisis internacional y la escasa capacidad de la industria española para absorber mano de obra, cuesta encontrar otro modelo económico alternativo de este alcance que incluyera, además, la aspiración de consolidar la democracia recién estrenada. Conviene recordar que la población activa agraria en 1930 era cerca de la mitad de la población activa total (hoy es del 4 %) y que un tercio de la población agraria de las provincias latifundistas estaba expuesto sistemáticamente al paro forzoso sin la cobertura del Estado del bienestar, es decir, expuesto a “jornales de hambre”.
Si en los años treinta era costoso abordar medidas favorables a los campesinos, más lo era en un país cuyos dirigentes solían actuar como si los problemas sociales fueran asuntos de orden público. Valgan como ejemplos que Silvela dijera en 1902 que el máuser era la prueba de la existencia de Dios o que Royo Villanova replicara a los católicos sociales en 1935 que las revoluciones no se evitaban con reformas sino con “justicia estricta y Guardia Civil”. Cuando al final se aprobó la ley en septiembre de 1932 tras diversos avatares –el más determinante fue la sublevación de Sanjurjo del mes anterior–, se había desvanecido buena parte de las aspiraciones de los campesinos. Más aún, cuando ese golpe de Estado de agosto de 1932 impulsó los ánimos para que la Ley Agraria fuera enarbolada como “una obra de defensa de la República”, los resultados fueron mediocres. Conviene rescatar aquel fragmento del discurso de Azaña al defender su propuesta de expropiación de tierra a los conjurados en el golpe: “Porque no nos engañemos: o nosotros los republicanos tomamos todas aquellas medidas que conduzcan al desarme de las cabilas monárquicas o son las cabilas monárquicas que se alzan contra nosotros las que con nosotros acaban”. Sin duda no se tomaron todas las medidas, pues del más de medio millón de hectáreas que detentaban los grandes de España, sólo se expropió un 16% y al final se cumpliría la profecía de Azaña.
Sólo se expropió el 16% del medio millón de hectáreas de los grandes de España
Esta visión negativa de la reforma debe matizarse en varios aspectos. Primero, aunque no se expropiara la propiedad de los terratenientes, esta se desvalorizó al figurar en el Inventario de Fincas Expropiables; el acceso al crédito se hizo más difícil. En segundo lugar, los decretos republicanos concedieron derechos a los colonos que permitieron rebajas sustanciales de los arrendamientos: ahora sí se produjo la derrota del rentista. En tercer lugar, hubo instrumentos más flexibles para favorecer el acceso a la tierra temporalmente como lo fueron los decretos de intensificación de cultivos. En cuarto lugar, los decretos sobre el mercado de trabajo crearon un marco institucional que daba cauce a negociaciones hasta entonces dictadas por la ley del más fuerte, y cuanto más y mejor funcionara ese marco, más se iba a consolidar el poder de las organizaciones obreras. Muchas de las tensiones sociales de la República se dieron por la resistencia a aceptar un nuevo orden de cosas; el ascenso del sindicato socialista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) y el incumplimiento de las bases de trabajo indican las caras del conflicto.
Lograr algún avance más resultó imposible, por ejemplo recuperar los bienes comunales de los pueblos o la aprobación de una ley de arrendamientos que consolidara los derechos de los colonos: si plantear cambios en la estructura de la propiedad era mover los cimientos de la sociedad, hacerlo sobre el régimen de explotación fue visto como si el edificio social se hundiera; es lo que pasó en Catalunya con la Ley de Contratos de Cultivo. Con el triunfo de las derechas, sobre todo mediado el año 1934, lo que se produjo fueron “demasiados retrocesos”, que son las dos palabras con las que Ramón Carande sintetizaba la historia de España. De ello da fe la Ley de Contrarreforma Agraria aprobada en julio de 1935 que, sin embargo, incluyó una cláusula de utilidad social que permitía la expropiación y es la que utilizarían los gobernantes del Frente Popular para llevar a cabo una reforma rápida.
La derrota del rentista llegó con las rebajas de los arrendamientos para los colonos
Las nuevas autoridades acabaron con el surrealismo de un Instituto de Reforma Agraria (IRA) en el que estaban presentes la gran patronal agraria o representantes de grupos profesionales que eran enemigos de la reforma. Esto obligó a dotar al IRA de una dimensión “ejecutiva y técnica” para agilizar los asentamientos. Así, cuando en marzo del 36, con el protagonismo de la iniciativa popular y sindical (FNTT), cerca de 40.000 yunteros invadieron las fincas en Badajoz, se legitimaron las invasiones enviando, en vez de guardias civiles, ingenieros que establecían los planes de aplicación y proporcionaban abonos. En poco más de cuatro meses se entregó cinco o seis veces más tierra que en los tres años anteriores. Pero, salvo alguna excepción, el gran propietario español tenía en julio de 1936 las mismas hectáreas que en abril de 1931, pues los asentamientos del IRA reconocían la propiedad del dueño, a quien se pagaba una renta por la tierra ocupada.
Con la llegada de la Guerra Civil se produjo el abandono del campo por parte de los propietarios; la expropiación se impuso por ley natural y por necesidad de la economía de guerra. Era preciso, además, castigar económicamente a los “sublevados y financiadores de la rebelión”, como se decía en el decreto de Uribe de octubre de 1936. Cerca de siete millones de hectáreas fueron, ahora sí, expropiadas en la España republicana hasta agosto de 1938 para favorecer no sólo al trabajador sino al pequeño propietario. “La propiedad del pequeño campesino es sagrada y al que ataca o atenta a esta propiedad o a este trabajo tenemos que considerarlo como adversario del régimen”, proclamaba el comunista Uribe. Con la perspectiva actual pocas dudas caben de la coherencia de esta política frente a la de sus detractores, que reivindicaban la revolución en el campo en 1937 y que acabarían apoyando en marzo de 1939 el golpe del coronel Casado contra Negrín y los comunistas. Las “cabilas monárquicas”, a las que se había referido Azaña, junto con cabilas de diverso tipo, habían acabado con la República.
OSÉ LUIS LEDESMA
HISTORIADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZAEra también abril, como el que recibiera en 1931 a la República. Pero ahora, en 1939, el primer día de ese mes significaba el último de la Guerra Civil y del propio régimen republicano. Tres días después, una carta dirigida al Generalísimo se felicitaba por presenciar “esta hora de triunfo”. La firmaba el cardenal primado de España, Isidro Gomá, el mismo que presidía semanas más tarde la magna celebración religiosa del desfile de la Victoria en Madrid. Quizá nada simbolice mejor aquellos años que esa ceremonia, en la que Franco ofrecía a Gomá la “espada de la Victoria” y salía del templo bajo palio. Era el pacto de sangre entre el Ejército y la Iglesia, entre la espada y la cruz, entre quienes se sintieron víctimas de la República y más hicieron por derribarla.
Por un lado, el Ejército. Tradicionalmente monárquico, tenía la fuerza de las armas y una inveterada tradición pretoriana le inclinaba a irrumpir con ellas en política. Ante lo que era entonces una burocracia inflada de oficiales y apta para reprimir la disidencia interna, pero obsoleta para la guerra moderna, los gobiernos del primer bienio afrontaron su modernización. La reforma militar de Azaña pretendía crear un Ejército mejor pertrechado y organizado, alejado de la política y respetuoso con la legalidad. Pero algunas de las medidas parecieron en los cuarteles un intento de triturar al estamento militar, y pronto hubo ruido de sables.
En verdad, el Ejército no hablaba a una sola voz. Las sensibilidades eran diferentes en sus distintos estratos, o entre africanistas y peninsulares, y la fractura que se mostró en julio de 1936 revela que algo estaba cambiando. Hubo además algunos errores, como que algunas medidas de Azaña eran discutibles y nutrieron victimismos en el Ejército, o subestimar el descontento existente en su seno, y no conviene soslayar que brotaron también insurrecciones desde la izquierda y que el Ejército las abortó en nombre de la República.
Los cuarteles se hicieron viveros de oposición a las reformas
Pero eso no cambia lo fundamental. Los cuarteles se hicieron viveros de oposición a las reformas, a los gobiernos y luego a la propia República. La gestión militar del orden público convirtió en sangrientas no pocas movilizaciones populares y segó más vidas que cualquier otro actor político o social. La brutal represión que ejercieron las tropas en octubre de 1934 prefiguró el trato que darían a los rojos dos años después. La defensa corporativa frente a la reforma y los peligros que creyeron ver para sus valores de orden, patria y disciplina reactivaron en muchos militares su añeja cultura pretoriana; y, en el caso de generales como Franco y Mola, se añadían agravios personales y sueños de grandeza. Tan pronto como en agosto de 1932, los sables salían a la calle en el frustrado golpe de Sanjurjo. Cuatro veranos después, estallaba un segundo putsch militar con muchos más apoyos y organización que precipitó a la República al abismo de una guerra civil.
En un abismo, o en el “vórtice de la tormenta”, creyó haber caído la Iglesia católica con la República, como escribía Gomá al día siguiente de su proclamación. También aquí conviene desterrar tópicos. La Iglesia no sufrió desde el primer día una persecución sistemática, primer acto de un deliberado plan de exterminio que condujera a la feroz violencia anticlerical de 1936. Lo que hubo fue el proyecto de avanzar en un terreno, la separación Iglesia-Estado y la secularización, en el que se iba muy por detrás de otros países católicos como Francia, Italia o Portugal. A partir de ahí, aparecen dos grandes actuaciones que no cabe meter en el mismo saco: desde arriba, las políticas laicistas a golpe de leyes, decretos y artículos de la Constitución de 1931; desde abajo, movilizaciones y agresiones anticlericales, que se tiñeron de sangre en octubre del 34.
Latía una cultura anticlerical que veía a la Iglesia como enemigo del progreso
En todo ello, la hoja de servicios republicana no quedó exenta de claroscuros. El anticlericalismo popular no fue ajeno a las bases y cuadros locales de partidos y sindicatos de izquierda, y sus gobernantes pecaron de falta de energía para frenarlo. Por su parte, la legislación laicista resultó más radical que la que abordaba otros terrenos y reformas, y rayaba en lo sectario cuando ilegalizaba a la Compañía de Jesús o limitaba las manifestaciones públicas de culto. Tras todo ello, había una infravaloración de los apoyos y capacidad de respuesta de la Iglesia. Pero, determinando las opciones y estrategias, había algo más: en el fondo, latía una cultura política anticlerical muy enraizada que definía a las formaciones republicanas y obreras desde el siglo XIX, y que traducía la oposición de la Iglesia a todo avance político y social, convirtiéndola en el enemigo del progreso por antonomasia.
De hecho, la reactivación de esa cultura anticlerical tuvo mucho que ver con las actitudes y hostilidad de la propia Iglesia. Esta no se hizo esperar. Sólo dos semanas después de nacida la República, y antes de las quemas de conventos, el cardenal Segura, entonces cabeza de la Iglesia española, publicaba una pastoral devastadora para el nuevo régimen. Segura fue expulsado del país, pero en el episcopado siguió campeando una línea integrista que no transigía con la menor merma en los privilegios de la Iglesia y que en 1936 acabó arrollando a las posturas posibilistas. Se trataba de intentar recristianizar España, y para eso valía la movilización política de los católicos, pero también enfrentarse a los poderes civiles y, llegada la guerra, sancionar nada menos que una Cruzada.
Tanto en ese frente como en el militar, los republicanos cometieron errores y, paradójicamente, sacralizaron los principios que debían guiar a su República. Pero su actuación respondía a un proyecto de democratización social y política, una de cuyas claves de bóveda era la primacía del poder civil sobre el militar y eclesiástico. Ochenta años después, podemos juzgar si, ante tan graves cuestiones, había que encararlas a cara de perro o contemporizar con reformas pausadas. Pero tal vez esa disyuntiva no existía con tanta claridad en aquel tiempo de derrumbe de las democracias europeas, descrédito de las vías parlamentarias, culturas del enfrentamiento y lenguajes revestidos del principio de lo absoluto. Quizá por eso aquellos años suscitan todavía tanto interés: porque es un tiempo tan cercano, pero a la vez tan distinto y lejano. Claro que también podríamos preguntarnos si no siguen pendientes hoy algunos retos de aquel proyecto democratizador; por ejemplo, sin ir más lejos, sobre el sentido y papel de los ejércitos y la Iglesia actuales.
LUIS GARCÍA MONTERO
POETAEl abrazo entre la cultura y la sociedad es en el pensamiento republicano una consecuencia del contrato pedagógico. La Ilustración elevó la metáfora del contrato social para defender una convivencia organizada por los ciudadanos, dueños de sus destinos y emancipados de cualquier concepción sacralizada del poder. La metáfora del contrato social exigió la puesta en marcha de un contrato pedagógico. Sólo los individuos educados como ciudadanos libres, capaces de hacer uso público de su razón, podían firmar un contrato social justo. El progreso científico y técnico debía ser, además, inseparable del progreso ético. Pese a los buenos intentos de Jovellanos, condensados en su Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias, la Ilustración insuficiente española naufragó en una educación minoritaria, cortesana y clerical.
Desde entonces las ilusiones de la reforma pedagógica fueron el corazón del pensamiento progresista español. Lo tuvo muy claro Francisco Giner de los Ríos. Después del fracaso de la Primera República, junto a un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad, fundó en 1876 la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Se trataba de educar a las élites juveniles capaces de modernizar el país. La austeridad y el rigor profesional comportaban también un sentido político. Es famosa la respuesta de Giner cuando el rey Alfonso XIII quiso visitar la ILE: “La Institución tiene dos puertas, y cuando su majestad nos haga el honor de llamar a una de ellas, yo saldré por la otra”. Como era lógico, en el propio corazón del institucionismo surgió la necesidad democratizadora de considerar la educación como un derecho universal. Empezó entonces a defenderse la idea de una escuela única
La República apostaba por una enseñanza laica y pública
El joven Ortega y Gasset de 1910, en su conferencia La pedagogía social como programa político, se preocupaba porque las organizaciones obreras no habían comprendido la importancia que tenía para sus reivindicaciones una escuela única, es decir, pública, obligatoria, igual para todos, neutra, al margen de los credos o de las posibilidades económicas de los alumnos. Así se tituló el libro publicado en 1931 por Lorenzo Luzuriaga: La escuela única. Discípulo de Manuel Bartolomé Cossío y de Ortega, fundador de la Revista de Pedagogía y redactor de muchos de los documentos sobre educación del PSOE, Luzuriaga fue el pedagogo más significativo de la Segunda República. Como había ocurrido con Julián Besteiro y con Fernando de los Ríos, la tradición institucionista se acercó también en la enseñanza al movimiento obrero.
No es extraño que Manuel Azaña se convirtiese en un político imprescindible para la Segunda República gracias a un debate parlamentario relacionado con la pedagogía. En su discurso del 13 de octubre de 1931 sobre la cuestión religiosa, logró un punto de acuerdo entre la derecha republicana, los socialistas y los radical/socialistas. Se paralizaba la disolución de las órdenes religiosas a cambio de mantenerlas apartadas de una educación laica y democrática. La disolución de la Compañía de Jesús no se debía a su carácter religioso, sino a su no reconocimiento de las leyes españolas, ya que se sometía a la autoridad del Vaticano. La postura más firme del discurso de Azaña tuvo que ver con la política educativa: “En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República”.
Educar no es lo mismo que generar creyentes, patriotas o empleados precarios
No se refería Azaña a la colaboración de la Iglesia en un posible golpe de Estado, asunto que aún carecía del protagonismo político alcanzado posteriormente. Se limitaba a señalar, en un discurso que quería ser equilibrado para permitir el acuerdo de todos los republicanos, que una democracia es imposible sin una educación democrática, y que la educación en libertad tiene poco que ver con la libertad de las órdenes religiosas para fundar colegios. La voluntad republicana apostaba por una enseñanza laica, pública y sin discriminaciones. Ese era el espíritu del decreto que se había promulgado el 29 de mayo de 1931 para crear el Patronato de Misiones Pedagógicas. El Estado mostraba su deseo de fomentar la cultura, orientar una nueva pedagogía y llevar su amparo a los pueblos más retrasados de España. Podemos calcular la importancia que la Segunda República dio a la educación si pensamos que en 1937, envuelto en la crisis y en la guerra, el Gobierno destinó 20 millones de pesetas para los gastos escolares de la zona leal, más del doble de lo que había invertido el último Gobierno monárquico en las escuelas de toda España. La educación se identificó tanto con el pensamiento republicano que el magisterio fue uno de los ámbitos de más crueldad en la represión de los vencedores.
De nada sirve mirar al buen pasado, si no convertimos su ejemplo en energía cívica para analizar el presente. Creo que sólo con un nuevo coraje democrático podemos plantearnos el problema de la educación en la actualidad, ese contrato pedagógico que necesita el nuevo contrato social, propio de un mundo en el que la economía ha desbordado las viejas fronteras nacionales. Educar ciudadanos no es lo mismo que generar promociones de creyentes, patriotas, consumidores o futuros empleados en precario. La libertad cívica tiene una dimensión social, la defensa del marco público de las reglas y los valores que conforman una comunidad. El pensamiento republicano no puede confundir la libertad para crear centros privados con una educación en libertad.
Ya que no nos atrevemos a disolver los centros educativos que trabajan en nombre de su fe particular o de los privilegios económicos, resulta imprescindible para la supervivencia democrática la defensa de una educación pública de calidad. Un pacto educativo no es el que hacen dos partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en los programas. El verdadero pacto es el que firma una sociedad consigo misma para dignificar su educación pública. Pero hay más. Si pensamos que ahora la socialización de los niños no se produce en las escuelas, sino ante una pantalla de televisor, deberemos ampliar mucho el significado de un posible pacto educativo. Cuestionar hoy por motivos cívicos una cadena privada de televisión parece más complicado que la disolución en 1931 de la Compañía de Jesús.
